>México.- El procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jesús Gabriel López Benítez, defendió la permanencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, porque consideró que el Ejército es la única institución que puede resolver el problema. "Somos la única institución que podemos contribuir con el país en la resolución de este problema, sostuvo en breve entrevista al término de su intervención en el congreso internacional "Uso de la fuerza pública en un Estado democrático de derecho".
Durante su exposición, titulada "El Ejército y el uso de la fuerza pública", López Benítez rechazó los cuestionamientos a la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, así como las opiniones de quienes piden que los militares regresen a sus cuarteles. "Eso sería asumir el carácter de simples espectadores, limitándonos a observar con impotencia como la delincuencia desgarra a nuestra sociedad y a nuestro país", afirmó.
Dijo que el personal militar ha sido ampliamente capacitado en el tema de derechos humanos y está convencido de que el uso de la fuerza es el último recurso para salvar su vida y la de los ciudadanos a quienes deben proteger. Sin embargo, destacó las características especiales de los grupos del crimen organizado que operan en el país, en contra de los que no pueden utilizarse armas no letales como el bastón eléctrico, debido a su extremada violencia y a que utilizan armas de fuego de alto poder.
El procurador militar citó el caso de los 33 ataques en contra de personal militar por parte de los grupos delictivos que han utilizado lanzagranadas y lanzacohetes, entre otro armamento sofisticado, que ha ocasionado la muerte de 12 militares, mientras otros 55 han resultado heridos por efectos de la metralla. Es innegable, dijo, que la lucha contra al delincuencia organizada es desigual, pues además de su armamento, sus integrantes llegan a utilizar equipos distintivos y hasta vehículos similares a los de las fuerzas del orden para cometer delitos como secuestros, instalar falsos puestos de control y realizar ejecuciones.
Pese a ello, rechazó que el adiestramiento del personal militar sea inadecuado para coadyuvar en funciones de seguridad pública, como aseguran los críticos de la participación del Ejército en estas tareas por considerar que s una fuente de violación a los derechos humanos.
Es incorrecto aseverar que la preparación y el adiestramiento militar sólo esté encaminado a eliminar al enemigo o a causar daño a las personas, por lo que no debemos participar en funciones de seguridad pública y por tanto debemos regresar a nuestros cuarteles.
López Benítez reconoció que ni la Constitución ni las leyes secundarias contienen disposiciones para regular el uso de la fuerza, y que el Distrito Federal es la única entidad del país con una ley especializada sobre el tema. Por ello, urgió al Poder Legislativo a acelerar los procesos para contar con una normatividad que permita garantizar los derechos humanos ante el uso de la fuerza, así como dotar al Ejército del equipamiento y recurso materiales necesarios para equilibrar las ahora desigual lucha contra el crimen organizado.
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