>“No estoy amargado”, respinga Martín Mayorga Martínez cuando se le advierte que la manifestación pública de abogados contra la ley mordaza aprobada por el legislativo local es en “venganza” porque no alcanzó la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ser magistrado del Tribunal Administrativo.
“Tengo derecho a aspirar como cualquier ciudadano nayarita, pero estamos en contra de la forma y procedimiento para favorecer a determinada persona ¡Qué tristeza! que los cargos se otorguen a grupos y camarillas sin tomar en cuenta capacidad y mérito profesionales. De buena fuente me enteré en su momento que la línea del titular del Poder Ejecutivo estatal era a favor de Huicot Rivas –presidente de la CEDH-, quien no tiene culpa, es un buen profesionista y le deseo éxito en esa responsabilidad.
No hay venganza ni rencor contra nadie, más bien agradecido con el gobernador Ney González que me haya incluido en la terna para magistrado administrativo, alguna capacidad me vio. Todo lo que digo lo puedo comprobar, no estoy inventando situaciones de venganza”.
“Yo no estoy amargado para nada”, reitera, se dice feliz en el desempeño profesional como corredor público, pero además asegura que tiene ingresos modestos que le permiten vivir bien con su familia. “Estoy tranquilo, presumo de tener muchos amigos”.
Sin embargo, no quita el dedo del renglón al manifestar que seguirá aspirando a cargos públicos aun no le reconozcan capacidad, pero como licenciado en derecho por la UAN, licenciado en pedagogía y corredor público insistirá en demostrar aptitud. Lo que más presume es ser honesto a carta cabal; “yo reto a la sociedad en general para que me señale porque a alguien le haya quitado un peso. Tengo la frente en alto, no he cometido acto del cual me avergüence”.
INVENTO DE FIGURAS PUNITIVAS
Para el abogado Martín Mayorga Martínez en la adición al artículo 207 del Código Penal para el Estado de Nayarit parecería que el legislador enmendó una figura, que además de controvertida, resulta perjudicial para la sociedad en su conjunto. “El uso de la Internet es una materia federal que recae en el área de las telecomunicaciones y se regula por el artículo 28 de la Constitución General de la República; entonces si se revisa la exposición de motivos para reformar el artículo primeramente señalado, el diputado priista Roberto Lomelí Madrigal asienta que es para regular y evitar abusos, inclusive la comisión de delitos vía Internet. Nos preocupa mucho que los funcionarios públicos, ante el temor personal de ser criticados vía Internet, inventen figuras punitivas”.
Le resulta incongruente castigar mensajes por Internet cuando el gobierno estatal es principal promotor del uso de la red, incluso promueve gobierno electrónico para evitar gasto en papel. El gobierno estatal ha realizado investigaciones en computadoras de varias dependencias públicas, “los usuarios de la capital no merecen vivir en estado de zozobra, temor o miedo. El gobierno es el primer obligado a respetar las garantías de libertad de expresión, de imprenta y de información pública. El Estado debe tutelar y garantizar esos derechos, porque precisamente son los funcionarios públicos, empezando con el gobernador, los que protestan cumplir con la Constitución General de la República y la particular del Estado”.
LEGISLAR TEMAS MÁS IMPORTANTES
Rechaza que esa sea la función del legislador, porque hay temas más importantes que legislar. Luego hace una amplia exposición para señalar que los abogados por siempre han propuesto que el consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado se abra a la sociedad civil, “ello significa que allí pudiéramos estar representados los abogados al través de una persona honorable a fin de que los procedimientos administrativos y de responsabilidad en contra de jueces, secretarios, actuarios y magistrados no sean unilaterales, que se resuelvan en casa, que sean juez y parte. Ese proyecto de reforma lo presentamos al Congreso del Estado, pero el legislador hizo caso omiso”.
Tampoco se les ha escuchado en su petición que se conceda verdadera independencia económica al Poder Judicial y en consecuencia administrativa y juridisccional. Propone que en el presupuesto de egresos del Estado se establezca un porcentaje y no esté sujeto al capricho del gobernador, quien finalmente decide el presupuesto al Poder Judicial.
Lamenta el presidente de la Federación de Abogados que el representante del Poder Ejecutivo estatal no les conceda el derecho constitucional de audiencia. “Consideramos que como conocedores del Derecho, sector importante de la sociedad, debemos tener diálogo permanente, no merecemos no ser tomados en cuenta para nada por parte del gobernador”.
TAMBIÉN CONTRA IMPUESTOS INJUSTOS
Los abogados nayaritas salieron a la calle para protestar además por el alza inmoderada a los impuestos. “Consideramos que en año de crisis económica, es injusto que todos los legisladores (30) hayan coincidido en aprobar impuesto de nueva creación como el dos por ciento que tiene que ver con la cédula profesional, no sólo de los abogados sino los doctores, dentistas, etcétera, nos parece exorbitante y sin justificación”.
Además inconformes están con la reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit que establece impuesto de 3% para los préstamos financieros. “Los usuarios tendrán dificultad para sufragarlo en virtud de la carencia de empleo en la entidad. Reconocemos el éxito del gobernador en su proyecto turístico de la Rivera Nayarit, pero pensamos que echa todos los huevos a una sola canasta, mientras descuida el problema del empleo en la capital en la que se concentra más del 33% de la población estatal.
Nuestras opiniones no son de mala fe, tampoco estamos en contra del gobernador ni del gobierno, vamos en el mismo barco pero nuestro criterio también debe contar. Sin embargo vemos que no hay disposición de diálogo. Muchas veces he tocado las puertas del subsecretario jurídico, Pedro Antonio Enríquez Soto, para pedirle que sea el interlocutor ante el señor gobernador para que nos conceda diálogo -cuando menos eso merecemos- pero encontramos que se difiere, se pospone, que ya merito”. La comunidad jurídica está molesta porque ni siquiera la escucha el Procurador de Justicia, Héctor Béjar, quien recibió órdenes del gobernador de recibirlos en audiencia. “No merecemos tan siquiera el respeto a ser escuchados”.
LAS REFORMAS CONFRONTAN
Considera el abogado Mayorga, oriundo de Las Varas, municipio de Compostela, que el Congreso legisla sobre temas ociosos cuando la Ley de Participación Ciudadana, entre otras, es de suma importancia. “Pero no, sin el análisis necesario, por la vía rápida, prefieren aprobar reformas y adiciones controvertidas, cuestionadas y que lejos de cohesionarnos como nayaritas nos llevan a la confronta, lo que me parece lamentable”.
Quien se dice orgulloso de ser presidente de la Federación de Asociación, Colegios y Barras de Abogados sostiene que la nueva adición al articulo 207 del Código Penal para exentar de responsabilidad penal a los periodistas anunciada por el gobernador Ney González, refleja el reconocimiento de que se cometió exceso, abuso. “¡Qué bueno! que reconocen el error que se cometió, pero por otro lado denota que el legislador está supeditado al Ejecutivo, no tiene independencia”.
Al mismo tiempo expresa que la ley no debe estar dirigida hacia un sector de la población, ni dedicatoria especial para tal grupo, la característica principal es que debe tener aplicación general. “Deja en claro que los periodistas están en una situación de privilegio, mientras la sociedad en general está expuesta al delito vía correo electrónico en Internet”
Con la nueva adición, Martín Mayorga expone que el legislador tendrá la oportunidad de revisar el texto completo del artículo 207 del Código Penal y con base a su buen juicio hasta proponer la derogación. El contenido del citado artículo textualmente señala: “La misma sanción se aplicará a quien por cualquier medio genere, difunda o propague información o datos falsos que produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
Contundente la respuesta a la pregunta sobre la necesidad de derogar: “Es necesario rectificar, se metieron en un berenjenal. Ahora lo productivo es que el legislador haga de fondo el análisis integral del texto y finalmente dejarlo sin efecto, que sería lo más saludable para las partes”.
Mail: osgobi@hotmail.com
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