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* Involucran a Enrique Medina Cuevas, Síndico de Compostela, y al conocido abogado ambientalista Pedro León Corrales detrás de un chantaje a inversionistas * Flavio Gómez, exlíder ejidal suspendido de sus derechos, pretende revender a inversionistas una concesión de zona federal
Especial.- En el caso El Monteón, ha trascendido una versión que involucra a conocidos políticos y agitadores del rumbo, quienes con el argumento de reabrir el acceso a la playa Canalán --la cual nunca ha estado cerrada, según pudimos constatar--, derivó en los lamentables hechos de violencia del pasado 16 de mayo, cuando la Policía Estatal golpeó y lanzó gases lacrimógenos contra un grupo de monteonenses, entre ellos mujeres y niños.
El origen de este conflicto viene de un problema intra ejidal ya que la Asamblea suspendió los derechos de Flavio Gómez, ex líder del Ejido y de otros allegados a él porque no han rendido cuentas de gastos por más de un millón de pesos.
También se afirma que detrás está un supuesto intento de extorsión que Flavio quiere hacer a empresarios a quienes pide 14 millones de pesos para traspasar una concesión de zona federal (otorgada por SEMARNAT) que tiene a nombre de su hijo, una maniobra tipificada como delito grave en la legislación federal.
Este movimiento se gesta en una de las zonas con mayores oportunidades de desarrollo regional. El ejido La Peñita abarca alrededor de 13 mil hectáreas, de las cuales 7 mil 700 hectáreas se ubican en costa o frente a la playa, condiciones que lo dotan de atributos atractivos para la inversión y el desarrollo.
ORIGEN DEL FALSO CONFLICTO
El pasado 5 de abril, la Asamblea ejidal de La Peñita aprobó por mayoría de votos la enajenación de tres hectáreas y media de parcela, lo cual quedó inscrito y registrado el 7 de abril en la delegación de Registro Agrario Nacional (RAN). El Ejido La Peñita de Jaltemba vendió 3.5 hectáreas en 10.5 millones de pesos.
Ante esto, un grupo de alrededor de 10 ejidatarios, de un total de 562, se han opuesto a dicho proceso de enajenación, usando el argumento de que se están vendiendo parcelas de uso común y se está obstruyendo el acceso a la playa Canalán. Pero ha trascendido que el verdadero móvil de este grupo es lucrar una concesión de zona federal que el ex líder de ese mismo ejido Flavio Gómez tiene a nombre de su hijo y la cual han pretendido revender a inversionistas en 14 millones de pesos.
La argumentación que han usado para involucrar a la comunidad e impactar en la opinión pública es que se pretende vender “tierra de uso común o colectivo”, que por definición no se pueden enajenar, cuando en realidad las tierras en cuestión están catalogadas como “parcelas propiedad del ejido”, cuyo régimen jurídico es diferente, según investigó Nayarit en línea. Este grupo está aprovechando la confusión que sobre el tema tienen los pobladores.
Un abogado especialista en materia agraria consultado por este reportero señalaron que “al manipular a la población con información falsa de que los terrenos pertenecen a la comunidad -- cuando son del Ejido--, y oponerse a la venta de los terrenos, lo que están buscando es presionar al gobierno mediante el chantaje de que si no los indemnizan por algo que ni siquiera era suyo, no dejarán que avance el procesos de regularización de la tierra, necesario para dar certeza a los inversionistas que podrían detonar el progreso en la región”.
ESTRATEGIA: ESCALAR EL PROBLEMA
En sus intentos de escalar el problema, Flavio Gómez hizo una alianza política con Enrique Medina Cuevas, Sindico de Compostela, e hijo del tradicional cacique campesino de la región Enrique Medina Lomelí, así como a Pedro León Corrales otro experto agitador del estado de Jalisco, y vinculado al PRD, que con pretextos de defensa ecológica también busca la confrontación de las comunidades.
Para Medina, este problema significaría promocionarse con miras a ser legislador local en el 2011 por el distrito VIII. Para León Corrales, una oportunidad para litigar un nuevo asunto en los medios, algo que lo ha caracterizado durante toda su trayectoria profesional.
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