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Nadie que tenga un entendimiento básico de cómo se mueve la política en Nayarit, puede creer que el conflicto del transporte, explotado mediáticamente a inicios de este 2010, derivado del alza unilateral que los permisionarios hicieron de las tarifas sea un problema real para el gobierno y sí en cambio, la versión de que constituye una estrategia que pretende distraer a los ciudadanos de la atención de otros problemas graves cobra vigencia.
Nadie puede creer que los serviles dirigentes del transporte, todos, hayan sido capaces de retar de tal manera al gobierno, un gobierno del que se han servido y que les permite hacer del servicio público uno de los peores del país, aunque con la justificación de que es también el más barato.
A tal grado ha llegado el supuesto conflicto del transporte que con fecha siete de enero, la oficialía de partes del despacho del gobernador ha recibido la solicitud de 26 organizaciones, entre reales y fantasmas que plantean entre otros temas, uno central: La Estatización del Transporte Público en Nayarit. Como en los peores años de este país.
Diciembre y sus fiestas se llevaron los gritos de protesta en contra del reemplacamiento vehicular, el cobro de la tenencia, la verificación y muchos más impuestos locales que el gobierno en su Ley de Ingresos envió al congreso para su aprobación y que la mayoría priísta y sus aliados aprobaron sin ninguna consideración para con los ciudadanos.
De alguna manera había que acallar las voces, aquel movimiento de resistencia anunciado y del que se dijo cobraría fuerza entrando el 2010, la mejor manera que encontró el gobierno es tronar un asunto como el del transporte público y el día 27 de diciembre, en la víspera del día de Los Santos Inocentes, los permisionarios elevaron en un 50 por ciento las tarifas ante un reclamo que poco se escuchó y es que la euforia por despedir el 2009 estaba en su apogeo y el gobierno de vacaciones.
No había mejor manera de que los reflectores fueran para un asunto como el del alza a la tarifa del transporte público, muchos líderes y organizaciones muy pronto se engancharon de la farsa montada, lo hicieron y lo hacen supongo de manera ingenua, sin saber que el acuerdo entre los permisionarios y el gobierno estaba dado con antelación.
Un movimiento que además, le ha permitido al propio gobernador vestirse como el gran salvador de un asunto en el que al margen de su veracidad, le compete en calidad de parte involucrada y no de mediador o referee como se ha asumido, un hecho vergonzosamente aplaudido por casi todos.
El lunes cuatro de enero, los permisionarios paralizan sus unidades y le exigen a la autoridad que respete su ilegalidad cometida al haber aumentado la tarifa, un desacato a la ley en el que también subiste el propio Poder Ejecutivo pues su comisión técnica del transporte jamás ha operado y atendido los asuntos de su competencia, entre ellos, éste que hoy es ventilado ampliamente en los medios.
Y así sucedió, transcurrido el plantón de permisionarios, el gobernador Ney González anunció en su muro de Facebook que estaba dispuesto a ser mediador del conflicto, que la condición era que se regresara a la tarifa anterior, calificando el asunto como delicado.
Más tarde, de nueva cuenta, como hace algunos meses, se le miró al mismo Ney González en un balcón del restaurante Real de Don Juan con permisionarios que ahí estaban, sonrientes, contentos y muy optimistas de que el gobernador les resolvería su demanda de incremento, él y no la comisión encargada de resolver este tipo de asuntos, un escenario casi igual al de hace meses cuando muy claro, en su cara, el propio ejecutivo les dijo que bajo ninguna circunstancia habría incremento a la tarifa.
Después vino una marcha ciudadana de tan solo 500 participantes, plagada de políticos cuyas lujosas camionetas tuvieron que esperar en los aparcaderos del centro de la capital, más bien una marcha por demostrar solidaridad a un problema que en verdad les resulta ajeno, brilló por su ausencia el verdadero pueblo, los verdaderos estudiantes, los que sí viajan en camión o en combi.
Personalmente creo que todo esto es una gran farsa, que hay intereses bien entendidos entre los permisionarios y el gobierno y que a este movimiento en contra se han unido de buena fe algunos, los menos, de manera ingenua.
Olvidémonos del cobro de la tenencia vehicular que el gobierno del estado no quiso dejar de cobrar, olvidémonos del reemplacamiento que también puede ser postergado si la autoridad lo decide, olvidémonos de que nos cobrarán una verificación en los autos, olvidémonos del incremento a tres por ciento del impuesto cedular, olvidémonos del IVA e ISR que nos regalaron los diputados federales con excepción de Martha Elena y Acosta Naranjo, olvidémonos de que no habrá estadios, olvidémonos de la Ciudad Satélite, olvidémonos de la millonaria deuda del gobierno, olvidémonos de todo y veamos como el gobierno se convierte en el salvador de una injusticia en contra del pueblo, veamos ahora como el gobierno sí está de nuestro lado.
Preparémonos para conocer en los días siguientes, que después de este teatro, la tarifa subirá a 5 pesos.
Nadie puede creer esta gran farsa, nadie puede creer que los serviles transportistas se hayan revelado de tal manera, nadie puede creer que al gobierno no le hacía falta un escándalo de este tipo para tener a los ciudadanos metidos en una dinámica que al final le redituará al propio gobierno sea cual sea el resultado.
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