>La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit, emitió una recomendación al Secretario de Seguridad Pública estatal, Fernando Carbajal Cazola, luego de considerar elementos de la Policía Estatal Preventiva son responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos, “mediante la intimidación, lesiones, abuso de autoridad, detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública en agravio de tres ciudadanos”.
El ombudsman nayarita Huicot Rivas, informó que el pasado 16 de junio, fue radicado el expediente de queja 282/09 en el que de acuerdo a la denuncia y las investigaciones realizadas, se confirmó que dos elementos de la Policía Estatal Preventiva en compañía de su comandante, montaron un retén en el crucero de Acaponetilla, Nayarit, “sin contar para ello con la debida planeación, estructuración y supervisión”.
De acuerdo a la propia versión de los servidores públicos, “la instalación de este retén fue a petición de las autoridades del Comisariado Ejidal con la finalidad de realizar labores preventivas; sin embargo, al circular por ese lugar y sin mediar causa legal alguna, el quejoso fue objeto de insultos y golpes por parte del comandante, quien además realizó actos de intimidación hacia el agraviado para evitar que lo denunciara”.
El quejoso relató que se encontraba a las puertas de la agencia del Ministerio Público de Estación Yago, Nayarit, con el propósito de denunciar los hechos, cuando llegaron agentes policiacos y de nueva cuenta fue objeto de insultos, golpes e intimidación por parte del Comandante.
Posteriormente, el agraviado fue detenido mediante uso excesivo de la fuerza, pues al realizar maniobras para salir con su camioneta golpeó un vehículo propiedad de uno de los elementos, quienes también detuvieron y golpearon de forma injustificada a los demás tripulantes del vehículo.
Esta recomendación hecha al Secretario de Seguridad Pública, es con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit, con lo que se iniciará un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los elementos de la Policía Estatal Preventiva en el que se determine la responsabilidad en que pudieron haber incurrido.





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