>• Chihuahua, Guerrero y Morelos buscan frenar delincuencia juvenil
Acapulco.- Tres estados del país analizarán este año reformas a sus legislaciones estatales para modificar las penas a los menores infractores.
En Guerrero, Chihuahua y Morelos se discuten iniciativas que buscan, en lo general, aumentar las penas para las personas menores de 18 años que cometan delitos graves.
En Guerrero, el subsecretario de Readaptación Social en el estado, Ángel García García, informó que en los últimos tres años el ingreso de los adolescentes relacionados con delincuencia organizada aumentó 80%. Hasta ahora, comentó, sólo se les castiga por tres meses o hasta cuatro años.
En ese estado los diputados locales aprobaron el año pasado reformas que prevén penalidades hasta de 10 años; sin embargo, cuando el documento fue enviado al Ejecutivo se le hicieron observaciones, por lo que aún está en espera de avalarse de nuevo.
El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que en el próximo periodo de sesiones que inicia la siguiente semana se perfila aprobar las modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes. Éstas incluyen, además de dar penas hasta de 10 años, cambios en el centro de atención a infractores.
El presidente de Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHU), Juan Alarcón Hernández, opinó que el incremento de penalidades para inhibir que los jóvenes caigan en las garras de la delincuencia organizada no va a resolver la problemática.
"Quien delinque no va a pensar que va estar mucho o poco tiempo en la cárcel, no son su preocupación las penalidades, y el incremento de las penalidades no será al solución para disminuir la delincuencia.
"Hay que abrir puentes de trabajo, mejorar los sistemas económicos actuales para que la riqueza sea mejor distribuida y es una serie de políticas públicas que deben de ir dirigidas a niños, adolescentes a jóvenes para evitar las cuestiones de que se incorporen a grupos de la delincuencia organizada", precisó el ombudsman.
El titular del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero, Edmundo Román Pinzón, afirmó en que el aumento de penalidades y procesos para menores servirá para evitar que cometan más delitos.
García informó que el tutelar de menores, que a partir de ayer se llama Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, contará con custodios armados.
Con una inversión de 4 millones 500 mil pesos, dijo, en una primera etapa se construyeron en el centro nuevas celdas, y habrá una segunda de 12 millones de pesos para continuar con la edificación de otras áreas.
De los 138 internos que hay, 14 son mujeres y 124 hombres, de los cuales 18 están procesados por delitos de la delincuencia organizada y el resto por el orden del fuero común.
El funcionario informó que el centro tendrá un área de máxima seguridad, una especial para mayores de 18 años, un ceresito, una zona de aislamiento y salas de juicios orales.
Chihuahua analiza iniciativa
César Duarte, gobernador de Chihuahua, envió al Congreso un paquete de propuestas para modificar la materia penal sobre adolescentes.
"Es claro que el crimen organizado ha utilizado un vacío en la ley y la condición de garantía a los jóvenes para que sean los portadores o mecanismos para llevar a cabo actos delictivos que a todos nos perjudican y ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los chihuahuenses", dijo César Duarte, el año pasado, al entregar al Congreso el paquete de reformas.
En ese caso, las modificaciones plantean restringir las salidas alternas —como trabajo comunitario— a los menores en caso de ser acusados de cometer delitos de alto impacto.
El coordinador de la fracción priísta en el Congreso, Enrique Serrano Escobar, detalló que hay una propuesta, incluso, de penalizar a los padres de familia exclusivamente para los delitos graves cometidos por menores, pero aún se está afinando.
Las reformas se presentaron el 16 diciembre en una sesión especial realizada en Ciudad Juárez, a la que asistieron el gobernador y el titular del poder judicial estatal, Javier Ramirez Benitez, y se discutirán este año.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, dijo que el aumento de las penas a menores es adecuado cuando se trate delitos de alto impacto, sin embargo, acotó que ello no implica tratar a los infractores como adultos.
El Supremo Tribunal del estado dio a conocer que solo 25% de los menores encontrados culpables de algún delito reciben cárcel como pena, y el resto son sujetos de medidas alternativas, como terapia y trabajo comunitario.
A debate en Morelos
El mes pasado, el diputado priísta Jorge Arizmendi García presentó la iniciativa para modificar la Ley de Justicia para Adolescentes y el Código Penal del estado con el fin de incrementar las penas a menores que cometan delitos del fuero común.
El legislador dijo que lo que se busca es aumentar las penas carcelarias para los adolescentes de 12 a 16 años de edad y de 16 a menos de 18 años.
De acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial que entró en vigor en la capital de Morelos en 2008, la sanción máxima para los menores de 14 a 16 años de edad es de tres años y para quienes superan los 16 y antes de los 18 años su sentencia es de cinco años, cualquiera que sea el delito o la conducta antisocial cometida.
Con esta base, el diputado propone que los adolescentes de 12 años de edad y menores de 16 sean enviados al Centro de Ejecución de Medidas para los Adolescentes (CEMPLA) hasta por seis años y los que tengan 16 y menos de 18 años sean privados de su libertad hasta por un periodo de 10 años.
Fidel Demedicis Hidalgo y Luis Miguel Ramírez Romero, líderes de los grupos parlamentarios del PAN y PRD, respectivamente, rechazan la propuesta que se debatirá en el próximo periodo de sesiones.
"Lo que se requiere es aumentar la calidad de la educación y abrir espacios laborales para los jóvenes, y así inhibir su reclutamiento por el narcotráfico", dijo Ramírez Moreno el mes pasado.
El pasado 9 de diciembre, el Senado aprobó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, instrumento que pretende sustituir al actual modelo de enjuiciamiento para menores infractores y "garantizar" el respeto a los derechos de la infancia.
Las sanciones o medidas aplicables que se proponen en este ordenamiento legal no están relacionadas específicamente con el castigo, sino con cambios en procesos como la futura aplicación de juicios orales.
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