>La iniciativa para dotar de "guaruras" a servidores públicos del estado, y que inclusive pudiera ser ampliada a sus familiares más cercanos, contempla que hasta por 3 años después de dejar el cargo puedan tener escolta pagada por el erario público.
En un clima inseguro como el que impera en el país, cada vez es más normal que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, tengan a su cargo este tipo de protección, sin embargo, lo que no es normal es que tengan la escolta cuando ya no son funcionarios.
La iniciativa fue presentada por el legislador Arnoldo Santos Vázquez y permanece sin ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, aunque ya recibió el visto bueno de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
El diputado priísta detalló que "este dictamen de reforma a la Ley Estatal de Seguridad, consiste en normar jurídicamente la protección a ciertos funcionarios como el caso del Procurador de Justicia, el Secretario de Seguridad Pública, el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los presidentes municipales, "e inclusive explicó que pudiera ser ampliada a sus familiares más cercanos en los casos en que exista un riesgo fundado de que también pudieran resultar afectados".
No obstante, aclaró que los diputados quedarían fuera de este beneficio.
"Es únicamente para las personas encargadas de aplicar la ley y la justicia", quienes para tener acceso a esta protección tendrían que justificar que la necesitan", advirtió.
Asimismo, negó que la propuesta se deba a que los integrantes de la actual legislatura han sido víctimas de extorsión, y explicó que "es para prevenir un caso de secuestro como se ha dado en otros estados del país, en donde más de una veintena de alcaldes y gobernadores han sido asesinados por no tener seguridad personal".
En caso de su aprobación, Santos Vázquez informó que, la iniciativa de ley contempla que quienes otorguen este servicio sea el personal policíaco con el que ya se cuenta.
También pretende regresar facultades a la Secretaría General de Gobierno para que sea ésta quien ejerza las políticas en materia de seguridad pública, y que se incorpore en primera instancia la figura de la Secretaría de Seguridad Pública como dependencia del Poder Ejecutivo.
El coordinador de la bancada del PRD, Jesús Castañeda Tejeda, dijo que la fracción que representa está en contra de esta iniciativa, y que es probable que quede para mejores tiempos, "cuando las elecciones hayan pasado", ya que por ahora significaría un costo político para el partido en el gobierno.
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