>Washington.— Hace exactamente un año, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, proclamó la entrada en vigor de la ley antiinmigrante SB1070.
La medida, considerada en su momento como la mejor apuesta para que Brewer se reeligiera en el cargo, marcó el inicio de una pesadilla para la comunidad inmigrante que, en el curso de un año, ha visto cómo la cruzada de odio que nació en Arizona ha sido atizada con desigual éxito por los sectores más extremistas del Partido Republicano en distintos puntos de Estados Unidos.
El vacío político y la falta de acción del Congreso y la Casa Blanca para terminar con el caos y la disfunción de un sistema un migratorio que mantiene en el limbo a poco más de 11 millones de inmigrantes, ha sido llenado desde entonces con decenas de propuestas de ley estatales que han seguido los derroteros de la SB1070 y que hoy avanzan en estados como Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Utah o Indiana.
A un año de haber sido proclamada la llamada ley Arizona, que ha servido de modelo y fuente de inspiración al movimiento antiinmigrante, y que a la fecha permanece parcialmente congelada por orden de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco, no ha tenido, sin embargo, el “efecto dominó” que muchos temían.
“Hace un año, muchos pensaban que la SB1070 se iba a multiplicar rápidamente por muchos Estados. Hoy, este escenario ha demostrado ser falso”, aseguró Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR) en teleconferencia con periodistas.
Según el estudio elaborado por NCLR, de un total de 31 estados que presentaron iniciativas gemelas a la SB1070 desde 2010, un primer grupo de 22 entidades han visto fracasar sus propuestas, en medio de una intensa movilización de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
A pesar de ello, los responsables del estudio “One Year Later: A look at SB1070 and copycat legislation”, (Un año después: Una mirada a la SB1070 y leyes similares) advierten contra la tentación de cantar victoria, ya que muchos de los frentes aún siguen abiertos en estados como Georgia, Florida, Alabama o Utah.
En medio de esta batalla, en la que un sector importante del caucus hispano en el Partido Demócrata ha echado en cara al presidente Barack Obama su falta de voluntad política para poner fin a la campaña de deportaciones y para lograr consensos a favor de una reforma migratoria, la Casa Blanca observa con creciente preocupación el alejamiento de los electores hispanos.
“Nuestra posición es clara. Es necesaria una reforma exhaustiva del sistema de inmigración”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, al rechazar que Obama se haya dado por vencido e insistir en que su administración “sigue buscando los consensos entre los dos partidos para lograr esa reforma”.
Pero, a casi tres años de iniciado su mandato, las palabras y promesas de Obama se han devaluado considerablemente ante la comunidad latina. Aunado a ello, programas como el de Comunidades Seguras, que ha sido reforzado durante la administración “del cambio”, han agravado la situación de emergencia que se vive entre la comunidad inmigrante que en los últimos tres años ha sido objeto de numerosas redadas y deportaciones.
Según las cifras de organizaciones como Presente.org, en la actual administración han sido deportadas más de un millón de personas. Algunas de ellas como resultado de la campaña de persecución en estados como Arizona, Carolina del Sur, Alabama o Georgia. Otras más, como consecuencia directa del programa Comunidades Seguras, que ha contado con la bendición del Departamento de Seguridad Nacional.
En medio de un ambiente de persecución, quienes defienden iniciativas como la SB1070 insisten en que la falta de respuestas desde el Congreso y el gobierno federal los ha obligado a actuar con propuestas de ley que sólo buscan salvaguardar la seguridad y los intereses de sus ciudadanos.
“La SB1070 ha sido un éxito”, aseguró el senador por Arizona y creador de esa legislación, Russell Pearce, durante una reciente entrevista con la cadena National Public radio (NPR).
“La criminalidad ha bajado y entre 100 mil y 200 mil personas (inmigrantes indocumentados) han abandonado el estado”, aseguró Pearce, quien se enfrenta a las protestas de quienes lo consideran el principal responsable del clima de odio y las pérdidas millonarias que ha registrado Arizona desde la promulgación de la SB1070.
Según cifras de organizaciones como el NCLR, Arizona habrá perdido hacia fines del 2011 un total aproximado de 769 millones de dólares a consecuencia de la caída en las ventas y en los ingresos fiscales que ha traído consigo la batalla inacabada a favor y en contra de la SB1070.
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