>• De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental registrada en 2010 por la Secretaría de Obras Públicas estatal la inversión requerida es de apenas $58’480,143.08
Punta Mita.- Fue uno de los asuntos más polémicos en la gestión de Ney González como gobernador. Y lo seguirá siendo.
El 5 de abril del 2011 el entonces titular del Poder Ejecutivo solicitó al Congreso local su autorización para contratar créditos por 300 millones de pesos, pagaderos a 20 años. 250 MDP serían para financiar el proyecto carretero y 50 MDP más para pagar a los beneficiarios afectados.
El 19 de mayo, los diputados locales aprobaron por 15 votos a favor y 3 en contra (ausentes los legisladores del PAN) la contratación del préstamo. Lo hicieron prácticamente a ciegas pues en la iniciativa de decreto presentada ni siquiera se menciona la longitud de la autopista de 4 carriles propuesta.
Un dato que seguramente olvidaron los funcionarios de entonces encargados de cabildear con el Poder Legislativo es que el propio Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Obras Públicas había registrado en 2010 ante la dependencia federal SEMARNAT la Manifestación de Impacto Ambiental de esa autopista.
En la página 62 del documento oficial se deja en claro que “Según las estimaciones que se tienen contempladas para la ejecución de los trabajos en sus diferentes etapas del proyecto es de aproximadamente $8’089,199.96 (ocho millones ochenta y nueve mil ciento noventa y nueve pesos 96/100 M.N.) por kilómetro, lo que da un gran total de $ 58’480,143.08 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 M.N.) por la longitud total de la carretera que es de 7.23 kilómetros de construcción.”
Ejidatarios afectados no recibieron su pago
De acuerdo al contrato asignado a la empresa C&C Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V. la construcción de la autopista inició el pasado 22 de agosto, menos de un mes antes de que Ney dejara el poder, y tras 245 días naturales de trabajos, la nueva vía se estaría estrenando a finales de abril o principios de mayo del 2012.
Sin embargo, los ejidatarios de La Cruz de Huanacaxtle no recibieron 50 millones. De acuerdo a versiones periodísticas, el gobierno estatal firmó con ellos un convenio por 28.5 millones, mismos que hasta hace poco no habían recibido, de tal forma que interpusieron en Tepic el juicio de amparo 415/2011 para impedir el acceso de autoridades y personal de la constructora a las tierras afectadas por el trazo de la vialidad.
Al mismo tiempo, el Ejido está demandando en el expediente 395/2011 ante el Tribunal Agrario la nulidad del convenio incumplido por las autoridades estatales. Ya no quieren saber nada de esa obra.
Héctor Cárdenas, constructor y principal beneficiario
El escándalo ha rodeado a esta autopista. Además de la rebeldía de los ejidatarios, existe inconformidad en diversos grupos sociales de Bahía de Banderas por considerar que esta autopista beneficia básicamente al controvertido empresario Héctor Cárdenas Curiel, quien además de ser dueño de la constructora que la llevará a cabo, es el administrador único del megadesarrollo Nahui –mencionado por Ney González en su solicitud al Congreso-, ubicado en playa Destiladeras, un complejo de 855 hectáreas con 4.5 kilómetros lineales frente al mar.
Cárdenas Curiel es también el propietario de Punta Raza, un predio de 293 hectáreas, que cobró relevancia en mayo del 2009 tras el desalojo violento por parte de la policía estatal a ejidatarios. El inversionista recibió muy buen trato en el sexenio anterior, al grado que cuando menos en una ocasión acompañó a Ney González a Madrid, a la Feria Internacional del Turismo.
Por lo pronto, debido a que la autoridad judicial concedió la suspensión del acto reclamado, las obras de la autopista de los 300 millones de pesos están paradas.
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