Dejará de ser Nayarit el cabús en la implementación de la reforma penal

- Nov 28, 2011

>* Se deberán reformar cerca de 16 leyes en Nayarit para ajustar el marco legal al nuevo sistema de justicia

El estado de Nayarit es hasta hoy el último lugar a nivel nacional (o el 32, según palabras del gobernador Roberto Sandoval) en implementar el nuevo sistema de justicia penal, aprobado en junio de 2008 por la Cámara de Diputados al reformar diversos artículos de la Constitución de México, que entre otros aspectos prevé la implementación del juicio oral y público.

La reforma, publicada el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, establece que los gobiernos estatales deberán de ajustar su marco legal en un plazo que no podrá exceder de 8 años, es decir, se contaría hasta junio de 2016 para aplicar las modificaciones legales necesarios para incorporar el sistema procesal penal acusatorio.

En esta materia, Nayarit es el último estado en iniciar su proceso de adecuación al instalarse este lunes, luego de tres años 5 y cinco meses, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, evento que estuvo presidido por el gobernador Roberto Sandoval; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez; y el líder del Congreso, Armando García.

En su oportunidad, el secretario técnico del Consejo Nacional de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema, Felipe Borrego Estrada, habló de la exigencia, del compromiso que deben asumir todos los actores, políticos y sociales, que requiere el nuevo sistema de justicia para que sea una realidad en Nayarit.

"De nada servirá una legislación moderna si no tenemos jueces, magistrados, y funcionarios judiciales capacitados; si no tenemos defensores de oficio preparados; si no tenemos una investigación ministerial técnica, profesional, científica; sino tenemos una policía estatal preparada para responder a este nuevo modelo", dijo el funcionario federal.

El magistrado Pedro Enríquez Soto, destacó la importancia de este acuerdo de coordinación, pues viene a poner a Nayarit en el escenario nacional pero con una nueva visión, más humana, más social, y sin necesidad de agotar trámites rigurosos de la forma tradicional.

La Comisión de Coordinación Interinstitucional estará presidida por el presidente del TSJ, Pedro Antonio Enríquez Soto, y como secretario técnico de la misma se designó a Miguel Ahumada Valenzuela. Se integran además los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los secretarios del Gobierno Estatal, representantes del sector académico y la sociedad civil.

Por parte del Congreso del Estado, integran esta Comisión los diputados Antonio Serrano Guzmán, Jocelyn Fernández Molina y Fernando Ornalas Salas. Serán los legisladores locales quienes tendrán la encomienda de actualizar las leyes estatales, correspondencia con la reforma constitucional federal "tarea que asumimos con agrado y mucha responsabilidad", dijo García Jiménez.

A decir de algunos expertos, el juicio oral es un instrumento de control de calidad sobre todos los sujetos que intervienen en el proceso penal, desde la policía preventiva hasta los magistrados que revisan una sentencia. Es un proceso de argumentación pública a partir de un discurso, en el que los implicados y los jueces.

El evento sirvió de marco para la inauguración del Centro de Mediación y Convivencia Familiar del Poder Judicial, que producto de la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit, que establece mecanismos diferentes para impartir una justicia restaurativa, más rápida.

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