>* Se han inhabilitado y son sujetos a investigación para determinar responsabilidades administrativas y penales
La Procuraduría de Justicia de Nayarit ha dado de baja a ocho agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios por irregularidades que van desde la tardanza en la integración de las averiguaciones previas hasta la sospecha de dádivas o cohecho.
Estos servidores público han sido inhabilitados y están sujetos a un proceso de investigación para determinar su responsabilidad en la comisión de algún delito, así lo dio a conocer el maestro Javier Germán Rodríguez, procurador de Justicia del Estado, quien advirtió que además, como estrategia para evitar que los funcionarios creen compromisos en determinada región, se han realizado 38 cambios de adscripción a igual número de agentes del Ministerio Público.
Destacó que no existen elementos para determinar actos de corrupción en forma concreta, pero sí sospechas, por lo que se están haciendo las investigaciones pertinentes "para, en su caso, sancionar las conductas de los servidores públicos, no solo de ministerios públicos".
Comentó Rodríguez Jiménez que la experiencia ha demostrado que en la medida que se hagan estos cambios de adscripción será posible garantizar el ejercicio imparcial de la justicia.
Por otra parte, informó que se está trabajando en los exámenes de confianza de los servidores públicos de la Procuraduría. "Eso va a ser determinante para la permanencia, e incluso para el ingreso de agentes del Ministerio Público, peritos y de policías".
Dijo que hasta el momento se han evaluado a 25 agentes del Ministerio Público y que se está enviando un grupo de peritos para los exámenes correspondientes de control y confianza.
El procurador de Justicia invitó a la población a denunciar, anónimamente a través del teléfono 089, o mediante correo electrónico, cualquier irregularidad o acto de corrupción de los ministerios públicos, peritos o policías estatales, con la confianza de que serán atendidas en lo inmediato y, sobre todo, la garantía de que se preservará el anonimato y se protegerá la integridad física de las personas que denuncien.
"Nadie los va a molestar, no habrá ninguna reacción negativa en torno a su denuncia, ninguna amenaza, ninguna forma de intimidación contra las personas que denuncien, porque entendemos que están coadyuvando con el Estado para ir acabando con la impunidad y con toda esta serie de conductas delictivas que necesitar ser denunciadas, forzosamente, para que podamos actuar", concluyó el funcionario.
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