>México.- La Secretaría de Hacienda (SHCP) emitió disposiciones adicionales para regular al sector de ahorro y crédito popular, a fin de dar más certeza a la población que acude a estos intermediarios.
Se estima que en el país hay poco más de 6 millones de pequeños ahorradores que confían su dinero a las entidades populares con registro.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó que en el país operan decenas de “seudo cajas” que representan un riesgo para la población de menores recursos.
De acuerdo con las reglas que se presentaron ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), las medidas tienen como objetivo fomentar la estabilidad y el correcto funcionamiento de las entidades y proteger a sus socios ahorradores.
En principio, se obligará a las entidades a contar con sistemas de control y de administración de riesgos más precisos para evitar una quiebra del patrimonio de los depositantes.
Se establece que las cajas más grandes deberán ser más precisas en la toma de riesgos, contar con mejores sistemas informáticos, así como procedimientos más escrupulosos en el otorgamiento de créditos.
Además, se les obligará a tener estructuras que eviten la generación de conflictos de interés.
Corresponsales bancarios
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dice que se busca que las cajas de ahorro popular actúen como corresponsales bancarios. “Creemos que sería muy deseable cambiar la ley para permitir que las entidades puedan operar como comisionistas”, agregó el funcionario.
Mencionó que incluso, ya hay pláticas con Hacienda y con los dueños de las cajas y cooperativas, quienes tienen interés de trabajar con los bancos bajo esta figura.
En el caso de las reglas que emitirá la Secretaría de Hacienda se incluyen diversos requisitos para obtener autorización, nuevos criterios para que presenten su información financiera, así como medidas correctivas para evitar un problema de insolvencia por parte de las instituciones.
La dependencia insistió que las medidas propuestas beneficiarán a las comunidades en las que operan las sociedades y en las que no hay sucursales bancarias, por lo que representan un costo de oportunidad para extender los servicios bancarios.
Con la aplicación de estas reglas también se crearán trámites nuevos, derivados de la expedición de la legislación de ahorro popular.
A la fecha hay 63 instituciones de ahorro y crédito popular autorizadas, que representan 67% de los activos del sector y 64% de sus socios.
No obstante, hay 548 sociedades que no reciben supervisión. Las autoridades han impuesto un plazo para su regularización que vence el 31 de diciembre de 2012.
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