>• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) da seguimiento a un juicio que involucra a una menor de 10 años
Tepic.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida como UNICEF, analizará el actuar de autoridades del Poder Judicial de Nayarit respecto a un juicio que involucra a una menor de 10 años de edad.
De hecho, desde hace casi dos años la UNICEF ha dado seguimiento al juicio, inicialmente estudiado en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia, y luego en la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Oficial administrativa en el Primer Tribunal Colegiado de Tepic, Ana Gabriela Carrillo Morales explica que al remitir a las oficinas de la UNICEF en México copia de la sentencia de la Sala Mixta, se dijeron preocupados porque en el fallo no se hizo referencia a tratados internacionales que protegen a los niños y adolescentes, lo que para el organismo de Naciones Unidas representa una discriminación para su menor hija.
De acuerdo con Carrillo Morales, la UNICEF le ha notificado que esperará que interponga un juicio de amparo directo, en contra de la sentencia de segunda instancia, para, por su parte, puntualizar los aspectos que debieron dictarse en protección de la niña.
Desde que recurrió a la UNICEF, le ha sido remitida información sobre la protección y derechos de que gozan los menores y diversos comunicados de prensa. En uno de ellos, fechado el 16 de febrero, Susana Sottoli, representante de UNICEF en México, hace referencia a la implementación de instrumentos y protocolos que permitirán “capacitar a las instituciones y autoridades en la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes desde su primer contacto con las autoridades, durante el proceso judicial hasta que sus derechos sean plenamente restituidos”.
“Me sentaba a llorar”
A casi dos años de haber formulado la demanda contra el papá de su hija, Jaime Salomón Hariz Piña, quien es secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado y además es su jefe inmediato, Ana Gabriela afirma que sólo hay algo de lo que se arrepiente: no haber iniciado la demanda mucho antes.
Explica que actualmente mantiene una relación de respeto con Hariz, pero recuerda que hace dos años fue objeto de fuertes presiones e incluso se sintió amenazada, en especial por parte del magistrado Francisco Olmos Avilez, quien era presidente del Primer Tribunal Colegiado y ella estaba adscrita a una de sus ponencias. Le llegó a levantar la voz e investigaba si algún compañero de trabajo le prestaba alguna ayuda, según recuerda.
“Hubo mucho daño moral hacia mi persona, me sentaba a llorar pero no dejaba que la niña me viera; estuve a punto de renunciar pero ahí iban a quedar 19 años de servicio. Me adelgacé, tenía miedo, me temblaba la cara, me preguntaba entonces qué iba a ser de mi hija si yo era su sustento”.
Sin apoyo sindical, en mayo del 2010 Carrillo Morales interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que narró el acoso laboral que padecía, y la misma fue remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también envío copia a la Presidencia de la República, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal y a la UNICEF.
Y pronto hubo reacciones a su escrito: el Consejo de la Judicatura Federal –el órgano que sanciona las faltas de los funcionarios judiciales- le cuestionó si deseaba presentar una queja formal contra el magistrado Olmos Avilez, situación que finalmente decidió no hacer, sobre todo porque el magistrado dejó de molestarla al advertir que el asunto podría frenar su carrera judicial.
Reclama imparcialidad
Ana Gabriela Carrillo señala que a raíz de su demanda y de que recurrió a la UNICEF, muchas madres que enfrentan situaciones similares se le han acercado para conocer el desarrollo del juicio. “Son madres que incluso trabajan en el Poder Judicial Federal y que no se animan a demandar”.
Explica que sus contactos del Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia se han mostrado preocupados por la ligereza con que se desarrollaron algunas diligencias, puesto que agravian a la niña, como el hecho de que la Procuraduría de la Defensa del Menor no haya impugnado los apuntes de una trabajadora social a quien se encargó realizar una visita de inspección tanto en la casa de ella como en la del papá de su hija.
Y es que, fue asentado en el expediente, mientras en su caso la enviada no sólo entrevistó a varios vecinos e ingresó a su domicilio para ver las condiciones en que se encuentra, a la otra finca jamás entró y únicamente cuestionó a una vecina, lo que alarmó a la UNICEF puesto que, dice, no quedó establecido con claridad la situación que impera en la casa del papá de la niña.
Según la demandante, la próxima semana interpondrá un juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado –el expediente quizás tenga que ser enviado a otro estado, para evitar un conflicto de interés-, en contra de la sentencia de la Sala Mixta, integrada por los magistrados Thoth Aldrin Lomelí Aguilar –presidente y ponente de la resolución-, Ana Isabel Velasco García y Jorge Armando Gómez Arias.
Y es que, señala, en la misma se tomaron en cuenta apuntes de su contraparte, a pesar de que interpuso el recurso de apelación de manera extemporánea, por lo que su dicho no tenía valor.
Entre otros puntos, la sentencia de segunda instancia condena a Salomón Hariz a otorgar por concepto de pensión alimenticia el equivalente al 20 por ciento de sus percepciones, con efecto retroactivo a partir del 30 de marzo del 2010, más no considerando la fecha de nacimiento de la niña.
También se otorgó autorización judicial para que la menor, con el cuidado y custodia de su mamá, pueda salir del país en lapsos que no podrán ser mayores de un mes, además de que la custodia definitiva queda a cargo precisamente de su mamá.
Ana Gabriela Carrillo considera que recurrir al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia puede no tener precedente en el estado, y es una opción de las madres que buscan la protección de sus menores hijos.
Explicó que esta semana, un funcionario de la UNICEF le hizo saber que la sentencia de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia les ha causado preocupación porque carece de soporte documental que proteja a la menor.
Carrillo Morales finaliza diciendo que está escribiendo un libro, de cuyo título no tiene ninguna duda: “Injusticia donde se imparte la justicia”. Así se llamará.
(Esta nota se publica con autorización de su autor.
Más información de Óscar Verdín Camacho puede
consultarse en: http://relatosnayarit1.blogdiario.com)
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