>Comitán.- La pobreza orilló a Amalia Vázquez Rodríguez a abandonar su pueblo, Bellavista del Norte, en Chiapas, cuando cumplió los 16 años de edad.
“Salí de mi pueblo porque mi casa se caía”, narra la mujer que al regresar a su tierra debió enfrentar el castigo que se le impuso por casarse con alguien que no era originario de ahí.
Cuando salió de Bellavista del Norte, en un lapso de siete años, Amalia transitó por el DF y Tijuana, Baja California, pero fue en la última ciudad donde conoció a Reinaldo Rafael Valentín, nativo del municipio Eduardo Nery, Guerrero, cuando ambos trabajaban en la ensambladores de televisores.
Amalia y Eduardo, de 26 y 37 años, empezaron su relación y la joven planeó regresar a su comunidad, en el municipio de Frontera Comalapa, en Bellavista del Norte, un pueblo en el lado norte de la ribera del río Grijalva.
Al llegar, Amalia debió enfrentar el juicio de las autoridades tradicionales, como fue la pérdida de sus derechos agrarios y fue emplazada a dejar su hogar, “por haberse casado con un hombre que no es de la comunidad”.
Las autoridades apelaron al artículo 37 del reglamento interno para sancionar a Amalia e incluso la decisión fue avalada por funcionarios de la Procuraduría Agraria —instancia federal a la que las autoridades tradicionales piden asesoría—, asegura la joven.
Las autoridades rurales argumentaron que la sanción no es para Vázquez Rodríguez, sino contra su esposo, acción “que de antemano sabemos que de esa manera se violan los derechos de Amalia”, dice el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ya que se le coarta el derecho a decidir con quién casarse y la decisión de tener una familia y una “vida digna”.
“Amalia es una mujer sencilla, trabajadora, nacida en Bellavista del Norte, y desde joven tuvo que migrar al norte del país para conseguir dinero y enviárselo a su madre viuda”, dice el FNLS.
Pese a que el Tribunal Agrario de Distrito 4 emitió un fallo en el que considera que la decisión de la comunidad representa una conducta machista, discriminatoria, que atenta contra mujeres, las autoridades comunitarias siguen empeñadas en expulsar a Amalia.
“El reglamento de la comunidad Bellavista fue hecho en 2001 por el consejo de un funcionario de la Procuraduría Agraria y desde entonces el comisariado ejidal, Eduardo Pérez Hernández, se considera el todo poderoso”, dicen familires de Amalia.
Dicen que el entonces delegado de la Procuraduría Agraria en la región de Comitán, Demetrio Domínguez, “asesoró a las autoridades de la comunidad para tener un sustento legal y expulsar a las mujeres del ejido que se han casado con hombres fuereños”.
Antes del caso de Amalia, dos mujeres fueron emplazadas a dejar Bella Vista del Norte, Raymunda Roblero, quien se casó con Juan Cruz García, originario de Ostuacán, Chiapas. Y Teresa de Jesús Rodríguez, quien se unió con el guatemalteco Mariano López.
En estos dos casos, el Tribunal Agrario Permanente emitió un fallo, con el que se evitó la expulsión. En la actualidad, Amalia busca justicia con el fin de que no se le eche de su comunidad.
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