>México.- En 18 entidades del país no se ha implementado el nuevo sistema de justicia, se trata de más de la mitad del territorio, por lo que Alejandro Martí, presidente de México SOS, exigió que los gobernadores dejen de ser un obstáculo para que se concrete; acusó que la nación y la ciudadanía está secuestrada por los intereses de una clase política antidemocrática “y corta de mira”.
A la crítica se sumó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Armando Valls Hernández, quien reconoció que la aplicación del nuevo sistema de justicia penal no garantiza un estado de derecho en el país, ya que no se han efectuado los cambios estructurales, por lo que hizo un llamado a la Cámara de Diputados, para que se legisle y apruebe el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo.
El debate resultó intenso en la primera jornada de trabajo del Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: “A cuatro años de la reforma penal: lo que falta”, en el que se reconoció que a mitad del camino, si bien hay resultados también existen rezagos importantes, pues sólo Chihuahua, Morelos y el Estado de México han cumplido al 100% con la implementación del sistema de justicia adversarial, que incluye los juicios orales.
Felipe Borrego Estrada, secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, recordó que es responsabilidad de los Ejecutivos y legisladores locales, y de sus poderes judiciales cumplir con la instrumentación de la reforma.
Sostuvo que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política para que en los cuatros años que han transcurrido desde la reforma, todos los estados cumplan con esta obligación legal; y el jurista Mario Carbonell reprochó “la irresponsabilidad” de los legisladores para contar con nuevos códigos de procedimientos penales federales.
Los legisladores se defendieron. Óscar Martín Arce, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llamó a un periodo extraordinario para aprobar el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales Federales, la Ley de Amparo y Ley de Justicia para Adolescentes.
Comentó que de no aprobarse los cambios antes de que termine el actual periodo legislativo, resultaría que el nuevo sistema de justicia se aprobaría en aproximadamente un año y medio más, por lo menos.
Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia, consideró lo más viable convocar al extraordinario hasta “después de las elecciones de julio”.
En medio de las críticas y acusaciones a la falta de actuación de los representantes populares, Benítez dijo que “es difícil legislar”, por lo que el jurista Carbonell reviró: “pues cambien de profesión”.
El ministro Valls Hernández en su discurso ante el presidente Felipe Calderón dijo que “la reforma en sí misma no garantiza el adecuado funcionamiento del nuevo sistema penal. Requiere ser acompañada por mecanismos, medidas, reestructuras y cambios que generen una conciencia del sistema y permitan la transmisión e instrumentación que todos deseamos”.
Alejandro Martí arremetió contra la clase política. Dijo que “el estado que guardan las instituciones de justicia, sobre todo en ciertas entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma”.
Sostuvo que el problema es que los políticos “son de miras muy cortas, asumen las propuestas de reformas como una amenaza a su proyecto político. No hay capacidad para entender que el país es primero”.
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