>La Paz.- Luego del anuncio de la cancelación del proyecto Cabo Cortés que buscaba construir un megadesarrollo en una zona contigua al parque nacional Cabo Pulmo, considerado Patrimonio de la Humanidad, organizaciones ambientalistas en Baja California Sur reconocieron la labor y el apoyo de miles de ciudadanos en la defensa del parque y tomaron con cautela la determinación del presidente Felipe Calderón.
Organizaciones como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) coincidieron que si bien el anuncio representa “un triunfo para la sociedad civil” se debe promover una protección integral.
De acuerdo con los abogados ambientalistas de Cemda, el gobierno federal tendría que mostrar una actitud “congruente” y que no quede sólo en la cancelación del proyecto.
“Lo que habría de seguir es que establezca candados frente a futuros proyectos de gran magnitud que pretendan establecerse en ésta y otras zonas frágiles”, dijo Agustín Bravo Gaxiola, representante de la organización en La Paz.
Indicó que es necesario iniciar los trabajos hacia la protección del parque en el área terrestre faltante. Explicó que actualmente solo está protegida la parte marina y corresponde al gobierno federal la protección de al menos 20 mil hectáreas de la franja terrestre que falta.
“Nos parece muy adecuado que exista un decreto de área natural protegida que tutele la parte terrestre… nos parecería además muy congruente de parte del gobierno federal que se iniciaran los trabajos hacia una protección integral y de largo plazo a Cabo Pulmo”.
Alejandro Olivera, coordinador de la campaña Océanos y Costas de Greenpeace México, comentó a EL UNIVERSAL que la revocación de los permisos se da luego de una “batalla legal y pública” y no sólo por “buenas intenciones”.
“Se cancela porque ha sido ilegal desde que se autorizó”, dijo y agregó que es “preocupante” que el Presidente haya dejado abierta la posibilidad a que se presente un nuevo proyecto asesorado por la Semarnat en una zona semidesértica, donde resulta inviable.
Para abogados de Cemda la cancelación sienta un precedente “en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable”.
Bravo Gaxiola recordó que desde 2008 las organizaciones civiles y la comunidad de Cabo Pulmo emprendieron una serie de recursos legales luego de que la Semarnat autorizara el proyecto que presentaba diversas irregularidades.
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