>San José.- Costa Rica amenazó este martes con retirarse temporalmente de los mecanismos centroamericanos de cooperación política, mientras Nicaragua ejerza, durante los próximos seis meses, la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
En una acción que podría asestar un fuerte golpe a la integración en Centroamérica, la medida afectaría la participación de Costa Rica en los procesos de concertación sobre seguridad y combate al crimen organizado y narcotráfico, alertaron fuentes diplomáticas del área. La decisión prolonga la crisis fronteriza entre San José y Managua por la denunciada invasión en octubre de 2010 de tropas nicaragüenses en el extremo oriental de suelo costarricense, en un litigio que se debate en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda.
El ministro costarricense de Comunicación, Francisco Chacón, dijo que “se trata de un mensaje político” y como “señal de protesta” por una sentencia que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) dictó el lunes de esta semana contra Costa Rica, por supuestos daños ambientales con la construcción de una vereda paralela al limítrofe río San Juan, vía fluvial de Nicaragua.
Tras calificarlo de “espurio e ilegítimo”, la presidenta costarricense Laura Chinchilla ordenó el lunes desacatar el veredicto de la CCJ, instancia a la que Costa Rica no pertenece.
La vereda comenzó a ser construida a finales de 2011 por el gobierno de Chinchilla, en respuesta a la denunciada invasión y “en defensa” de la soberanía. El tribunal determinó que la obra es “de alto riesgo y peligrosidad ambiental” y causó “daños graves”.
La cancillería costarricense acusó que el dictamen “no es más que una maniobra política que busca beneficiar a Nicaragua” y que “coincide” con dos hechos: Managua inició el lunes el ejercicio de la presidencia pro témpore del SICA y el actual presidente de la Corte, Carlos Guerra, es nicaragüense. Costa Rica “no permitirá acciones fraudulentas e ilegales de instituciones que actúan motivadas con claro sesgo político”.
Adujo que la acusación en su contra fue presentada por “supuestas organizaciones ambientalistas que claramente están vinculadas” al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, se reunirá mañana miércoles en esta capital con los embajadores costarricenses en Centroamérica para analizar “la grave situación generada” por la CCJ y evaluar “abstenerse de participar en las reuniones de los órganos y foros del SICA mientras Nicaragua ostente la presidencia pro témpore”. La CCJ, recalcó Castillo, “no tiene competencia ni credibilidad para decirnos cómo hacer las cosas y ordenarnos nada. Es una corte espuria, que no reconocemos y que trata de meterse en asuntos bilaterales, lo que daña al sistema integración”.
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