>Washington.- Organizaciones periodísticas de Estados Unidos, congresistas demócratas y republicanos condenaron ayer como un asalto a la libertad de prensa la investigación por parte del gobierno norteamericano de los registros telefónicos de periodistas de la agencia de noticias AP.
Un día después de que la agencia estadounidense denunciara públicamente que el Departamento de Justicia había obtenido en secreto los registros de llamadas de reporteros de AP, la Sociedad de Periodistas Profesionales condenó lo que calificó de una acción “vergonzosa e indignante” que, afirmó, constituye un asalto a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) calificó de “infracción gravísima” de la libertad de información la “violación de las comunicaciones telefónicas” presuntamente cometida contra reporteros y oficinas de la AP.
RSF afirma que el departamento de Justicia estadounidense envió el pasado 10 de mayo un correo a AP en el que le informaba de la investigación de veinte líneas telefónicas, pero “sin precisar ni los motivos ni los argumentos legales del procedimiento”.
Los historiales telefónicos fueron obtenidos al parecer el año pasado durante un periodo de dos meses e incluyen una lista de llamadas realizadas desde la sede de la agencia en Nueva York, así como de oficinas en Washington y Connecticut. También fueron investigadas llamadas realizadas desde varios teléfonos privados y móviles de reporteros, según denunció el presidente de AP, Gary Pruitt, en una carta enviada al fiscal general, Eric Holder.
El presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, dijo estar “muy preocupado” por las acusaciones.
“La carga recae siempre sobre el gobierno cuando tratan de buscar información privada, especialmente la información relativa a la prensa o a sus fuentes confidenciales. Quiero saber más sobre este caso, pero en principio me preocupa que el gobierno no haya cumplido con esa responsabilidad”, dijo Leahy. Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, también se refirió al escándalo. “Si la administración Obama va tras los registros telefónicos de los periodistas, tienen que dar una buena explicación”, declaró.
La editora jefa de AP, Kathleen Carroll, declaró que la agencia “no está del todo segura” del motivo de la investigación judicial, pero que supone que está relacionada con una información del año pasado sobre los esfuerzos de la CIA para desbaratar un plan terrorista en Yemen.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó de “grave afrenta a la libertad de información” la incautación de registros telefónicos a la AP, mientras que El National Press Club de Washington reclamó al gobierno una explicación.
Foto: Proceso.
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