Ciudad de México.- Un tribunal del central estado de Puebla rechazó hoy el amparo solicitado por maestros contra las leyes secundarias de la reforma educativa promulgada en febrero del año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.
El Consejo de la Judicatura Federal informó en un boletín que el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en Cholula (Puebla) negó el amparo solicitado por varios maestros contra la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la reforma a la Ley General de Educación.
Estas leyes reglamentan la reforma constitucional en materia educativa y fueron promulgadas por Peña Nieto en septiembre de 2013.
Según el tribunal, que es uno de los ocho que estudian los más de cuatro mil amparos presentados contra la reforma educativa, la enmienda constitucional "no contraviene los derechos de los trabajadores de la educación consagrados en la Constitución Federal ni en tratados internacionales".
"Las normas secundarias de la llamada reforma educativa tienen como finalidad dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la educación que imparta el Estado debe de ser de calidad", apunta el comunicado.
Además, añade, estas leyes "no violan los derechos adquiridos por los profesores con anterioridad, porque sus efectos siempre serán hacia el futuro, nunca hacia el pasado" y "tampoco se desconocen sus derechos laborales en los cargos que desempeñan o en sus contratos, ni en sus prerrogativas: sueldo, aguinaldo, vacaciones, entre otros".
La reforma promulgada por Peña Nieto con el apoyo de principales partidos de la oposición es rechazada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante varios meses se ha movilizado en varios estados y en la capital mexicana para pedir su derogación.
Entre los puntos de la reforma más criticados por la agrupación gremial está un sistema de evaluación profesional para otorgar plazas educativas a quienes pasen los exámenes, algo inexistente hasta ahora en la educación pública mexicana.
La resolución conocida hoy precisa que ni la Constitución federal ni los tratados internacionales establecen que por el simple deseo de querer trabajar en un lugar se adquiere el derecho humano de ingresar a él, ni por haber realizado algunos estudios o ser seleccionado por alguna asociación sindical o mediante la "venta" o "herencia" de plazas.
Aclara además que las evaluaciones obligatorias no violan los derechos humanos de los quejosos, ya que el Congreso de la Unión estableció un mecanismo razonable para lograr, en la medida de la posible, la permanencia en las funciones docentes.
Foto: Cuartoscuro
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