Washington.- Un juez federal en Texas congeló el lunes las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración, y así le otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo su suspensión definitiva.
La decisión del juez federal de distrito Andrew Hanen interrumpe la implementación de las medidas de Obama, que tienen por fin proteger de la deportación a unos cinco millones de personas que viven sin autorización legal en Estados Unidos.
Hanen escribió un memorando que acompaña su fallo que la demanda debe seguir adelante y que sin una orden preliminar los estados "sufrirían daño irreparable en este caso".
"Es imposible devolver el genio a la lámpara", escribió, añadiendo que concuerda con el argumento de los demandantes de que legalizar el estatus de millones de personas es una acción "virtualmente irreversible".
La Casa Blanca defendió su política en un comunicado emitido a primera hora del martes diciendo que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre estaban dentro de la autoridad legal del presidente y que la Corte Suprema y el Congreso han dicho que los funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de leyes migratorias.
"La decisión del tribunal de distrito evita erróneamente que entren en vigor esas políticas legales y de sentido común y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión", dijo el comunicado. El recurso será atendido por el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans.
La primera de las medidas de Obama —ampliar un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación si llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños— entrará en vigor el miércoles. La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país no comenzará a aplicarse sino hasta el 19 de mayo.
Joaquín Guerra, director político de Texas Organization Project calificó el fallo de "revés temporal".
"Seguiremos preparando a los inmigrantes para prepararlos para solicitar la ayuda administrativa", dijo en un comunicado.
La coalición de los estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por los estados conservadores del sur y del medio oeste, alega que Obama violó la "Take Care Clause" de la Constitución de Estados Unidos que, sostienen, limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales. También dicen que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.
En su petición al juez, la coalición dijo que era necesario paralizar la norma porque sería "difícil o imposible deshacer las ilegalidades del presidente después de que los acusados empiecen a ver aceptadas sus solicitudes de aplazamiento de acciones".
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la decisión de "victoria para el Estado de Derecho en América" en un comunicado el lunes por la noche. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien como antecesor de Paxton promovió la demanda, dijo que el fallo de Hansen "frena adecuadamente la extralimitación del presidente".
Hanen, que es juez federal desde 2002 tras la nominación del ex presidente George W. Bush, suele abordar casos de fronteras pero hasta 2013 no se conocía su opinión sobre inmigración. Ese año, en una sentencia sobre un caso no relacionado, sugirió que el Departamento de Seguridad Nacional debería arrestar a los padres que viven en Estados Unidos ilegalmente y que alentaron a sus hijos a cruzar la frontera incumpliendo las normas.
Los republicanos en el Congreso han prometido que bloquearán las acciones de Obama en este campo recortando el gasto del Departamento de Seguridad Nacional para el programa.
A principios de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39.700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama. El destino de la norma aprobada por la cámara baja no está claro, ya que los republicanos del Senado están a seis votos de tener la mayoría de 60 necesaria para aprobar la mayoría de las normas.
Entre los partidarios de la iniciativa de Obama hay un grupo de 12 estados, en su mayoría liberales, que incluye a Washington y California, así como el distrito de Columbia. Presentaron una moción ante Hanen para apoyar a Obama, argumentando que sus directivas beneficiarán sustancialmente a los estados y al interés público.
Un grupo de policías, incluyendo la asociación que reúne a los responsables de las principales ciudades y más de 20 jefes de policía local y de condado de todo el país, presentaron también un documento de apoyo al presidente, apuntando que la nueva norma mejoraría la seguridad pública al animar la cooperación entre policía e individuos preocupados por su estatus migratorio.
Activistas: Juez no detendrá a inmigrantes
Es sólo un obstáculo en el camino y se superará eventualmente.
Así reaccionaron varios abogados, expertos y activistas ante la decisión de un juez federal de Texas que el lunes congeló la implementación de dos programas federales que podrían proteger de la deportación a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Los grupos pidieron a los inmigrantes sin autorización que viven en Estados Unidos que sigan preparándose para acogerse a los programas, el más inmediato de los cuales entraba en vigor el miércoles 18 de febrero.
Los abogados y activistas dijeron el martes durante una conferencia telefónica con periodistas que están seguros de que el Departamento de Justicia apelará la decisión del juez "rápidamente" y que entonces es probable que una corte federal de apelaciones decida a favor del gobierno.
Ese proceso, señalaron, tomará tan sólo "unas semanas". Después de ese plazo, dijeron, y si la corte falla a favor de la administración, entraría en vigor la ampliación del primero de los programas: uno que protege temporalmente de la deportación a jóvenes que fueron traídos por sus familias ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y les concede un permiso de trabajo.
El juez Andrew Hanen, de la corte distrital de Browsville, en Texas, emitió una medida preliminar a favor de una coalición de 26 estados que interpusieron una demanda en contra de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en inmigración, anunciadas por el propio mandatario en noviembre.
"Los inmigrantes y sus familias, sus comunidades, no deberían tener miedo. De hecho esa la intención detrás de esta demanda de tono político. La intención es crear confusión y miedo en nuestras comunidades", dijo el martes Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. "Estamos seguros de que esta medida temporal será eventualmente revocada y nuestras comunidades deben estar preparadas para acogerse a los programas".
Si la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito decide en contra del gobierno el asunto podría acabar frente al Tribunal Supremo, dijeron los abogados el martes.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció el martes que debido a la decisión del juez, el gobierno no aceptará solicitudes el miércoles para el nuevo programa de suspensión de deportaciones de jóvenes inmigrantes.
Destacó que la decisión del juez no afecta a quienes se acogieron al plan original de suspensión de deportaciones que Obama aprobó en el 2012. Más de 600.000 jóvenes se han beneficiado de esa iniciativa.
Johnson confirmó que el Departamento de Justicia apelará la decisión del juez Hanen, que estipuló la víspera que la demanda de congelar las medidas presentada por 26 estados, liderados por Texas, debería seguir adelante porque la ayuda a inmigrantes afectará los presupuestos.
"Esto es un llamado de atención a nosotros, los inmigrantes para que sigamos luchando por una reforma migratoria. Tenemos ganas de que esto no acabe aquí y vamos a seguir luchando por nuestros sueños", dijo Marisa Falcón, una inmigrante argentina de 41 años que vive en La Florida.
Falcón, que trabaja a tiempo parcial con un emprendimiento propio de decoraciones de fiestas, dijo que la decisión del juez le "genera dudas y temor de hasta donde pueden llegar" los sectores que se oponen a legalizar a los inmigrantes sin autorización.
Algunos legisladores republicanos, como el representante de Virginia y presidente de la comisión judicial de la cámara baja Bob Goodlatte, elogiaron la decisión de Hanen.
"El abuso ejecutivo del presidente Obama sobre inmigración representa un peligro presente y claro a nuestra Constitución y me complace que las acciones del presidente hayan sido detenidas temporalmente para que la demanda de los estados pueda prosperar", dijo Goodlatte.
La Casa Blanca declaró el martes que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre estaban dentro de la autoridad legal del presidente.
Los gobiernos de México y Guatemala lamentaron el martes la decisión del juez Hanen.
Activistas de decenas de grupos han organizado presentaciones y concentraciones a lo largo de Estados Unidos el martes y el miércoles para informar a los inmigrantes sobre los programas de alivio migratorio.
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