Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio, le propuso al ayuntamiento de esa ciudad sancionar con hasta 330 mil pesos o 36 horas de arresto a quienes interpreten o representen narcocorridos durante algún evento público, que cuente con permiso de las autoridades municipales.
Además, el alcalde de Chihuahua, Chihuahua, pidió que los demás municipios del país repliquen la iniciativa, con el objetivo de evitar la violencia a la que incitan los narcocorridos.
“Yo recomendaría un reglamento a nivel país, no nada más al resto de los alcaldes, creo que no debemos de ser consecuentes con esas cosas porque por ser consecuentes como sociedad, todos ya sabemos lo que pasa y ya sabemos lo que nos pasó en una época de violencia e inseguridad”, dijo el presidente municipal, quien aseguró que su propuesta no esconde una posible censura a algún espectáculo público.
Explicó que los narcocorridos han propiciado un efecto en la opinión pública, que se traduce como la naturalización de la violencia y cierta costumbre al lenguaje, imágenes, relatos y expresiones agrupadas en torno a la inseguridad, la incertidumbre, el narcotráfico, entre otros.
La propuesta del alcalde se dio luego de que desde hace algunos años, en diferentes regiones del territorio nacional, se ha desatado una nueva tendencia en la interpretación y reproducción de contenidos musicales, vídeos o imágenes, cuyo contenido se enfoca en hacer una apología del delito y a elogiar a quienes cometen ciertos delitos relacionados con la delincuencia organizada, explica un comunicado emitido este miércoles 4 de marzo.
Pero la iniciativa del alcalde Javier Garfio no es la primera en su tipo que se hace en Chihuahua. En junio de 2011 el Congreso de Chihuahua aprobó un exhorto para prohibir la difusión de los narcocorridos. Pero debido a que la medida no era tomada en cuenta por los grupos musicales, en 2013 se reportó que las autoridades del estado comenzaron a solicitar una garantía de 100 mil pesos, que sería devuelta sólo si el artista no cantaba en público sus piezas musicales con mensajes alusivos a la violencia y el narcotráfico.
En ese mismo año pero un mes después, en mayo de 2011, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, publicó en el diario oficial del estado varias reformas a la Ley de Alcoholes, la cual establecía que los lugares que difundieran narcocorridos se les retirarían los permisos para vender bebidas alcohólicas.
En ese caso, en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador López Valdez se extralimitó en sus funciones al hacer dicha modificación. Y concluyeron que la medida de prohibir la difusión de ese tipo de música “no constituye propiamente una medida de combate al alcoholismo, sino que se inserta en el ámbito de la moral pública y el respeto a las buenas costumbres, lo cual es materia de los Bandos de Policía y Buen Gobierno” que corresponde expedir a los Ayuntamientos y no al gobernador de la entidad.
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