Ciudad de México.- Padres y familiares de 43 estudiantes desaparecidos salieron este jueves a las calles de la Ciudad de México para exigir a las autoridades que continúe la búsqueda de sus seres queridos, al cumplirse seis meses de que policías los detuvieron ilegalmente.
La jornada comenzó con una manifestación frente al Instituto Nacional Electoral, donde un grupo de padres solicitaron suspender los próximos comicios locales de junio en el estado sureño de Guerrero, donde sus hijos desaparecieron tras ser atacados y detenidos por policías la noche del 26 de septiembre de 2014.
"Venimos para decirle a esta autoridad y al gobierno de México que como padres de familia no podemos permitir las elecciones", dijo Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes, Mauricio, minutos antes de entrar a la sede de la máxima autoridad electoral.
El argumento de los padres es que ir a elecciones sería votar por políticos que podrían tener nexos con el narcotráfico como los tenía José Luis Abarca, el alcalde de la ciudad de Iguala, cuya policía atacó, detuvo y entregó a los estudiantes a un grupo del crimen organizado.
La desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa es uno de los hechos que mantiene la atención nacional e internacional sobre el país y se ha vuelto emblema de los abusos de autoridad.
La Procuraduría General de la República, que investiga el caso, informó el jueves que hasta ahora han sido detenidas 104 personas vinculadas con la desaparición, que incluyen a 64 policías municipales y 40 presuntos miembros del grupo del narcotráfico señalado de haberlos retenido y supuestamente asesinarlos, Guerreros Unidos. La cifra anterior era de 99 arrestados.
El alcalde y su esposa son considerados miembros del grupo criminal.
Todos están bajo proceso por homicidio, secuestro y delincuencia organizada, aunque diversos organismos han demandado a las autoridades que el caso sea visto como desaparición forzada, con lo cual se trataría de un delito que no prescribe mientras no se sepa de manera contundente el paradero de los jóvenes.
La autoridad sostiene que todo apunta a que habrían sido asesinados y calcinados por sicarios del narcotráfico, pero medio año después varios sostienen que no hay certeza aún de lo que realmente les sucedió a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Algunos familiares ni siquiera creen que estén muertos.
"Venimos a exigir al gobierno que nos los entreguen", dijo Iván Tizapa, un joven de 18 años mientras sostenía una pancarta con el rostro de su hermano Jorge Antonio, uno de los desaparecidos. "esto va a seguir hasta que aparezcan", añadió.
Nueve grupos, entre ellos Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expresaron preocupación en un comunicado porque seis meses después "de la desaparición forzada" aún hay "muchas interrogantes que se mantienen sin respuesta".
Docenas de estudiantes de Ayotzinapa llegaron el 26 de septiembre a la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, para recaudar dinero y tomar algunos autobuses -como solían hacerlo en otras localidades- para apoyar sus traslados y sus actividades.
Horas después, cuando estaban por irse, policías municipales los atacaron y en principio murieron seis personas -incluidos tres alumnos- y 25 estudiantes resultaron heridos. Al paso de las horas, se supo que varios más estaban desaparecidos hasta confirmarse que eran 43.
La Procuraduría General de la República encontró algunos restos quemados que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis. Hasta ahora, sin embrago, sólo se ha podido identificar un trozo de hueso que correspondía al estudiante desaparecido Alexander Mora.
A raíz de esa información y declaraciones de los detenidos, la Procuraduría concluyó que después de ser detenidos ilegalmente por los policías, los 43 fueron entregados a sicarios que los quemaron en un basurero y lanzaron sus restos a un río para borrar evidencias.
Tanto los familiares como organizaciones nacionales e internacionales han manifestado sus dudas porque las conclusiones oficiales están basadas sobre todo en declaraciones de los detenidos y consideran que los pocos restos encontrados no son concluyentes sobre lo que sucedió a todos los alumnos.
La procuraduría aseguró el jueves que ha hecho "una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho".











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