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La investigación no tiene un límite de tiempo, tardará lo conveniente hasta reunir todos los elementos necesarios
Monterrey, Nuevo León.- El titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, aseguró que sí encontraron elementos para imputar al ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, por el delito de enriquecimiento inexplicable, una vez que el ex mandatario, su padre, Huberto Medina Ainslie, y su esposa, Gretta Salinas, acudieron a diversos citatorios para explicar un aumento patrimonial.
Comentó Canales que van a presentar nuevas denuncias contra Medina; sin embargo, dijo, “no puedo adelantar nada, son carpetas de investigación que por disposición de la Ley se deben mantener en secreto y por conveniencia misma del desarrollo de las investigaciones, porque en una investigación no sabe uno hacia dónde se va a llegar, y adelantar vísperas es ponerse zancadillas uno mismo”.
Precisó que la investigación no tiene límite de tiempo, y solicitarán la imputación hasta que se agoten los indicios que se tienen detectados. Uno de los casos por los que se buscaría imputar al ex Gobernador sería por enriquecimiento inexplicable, para lo cual el pasado 24 de enero, el mismo acudió a una cita para ser enterado del inicio de una nueva carpeta de investigación en su contra al detectarse un incremento de su patrimonio, por parte de la Contraloría General del Estado.
Canales reconoció entonces que sería imposible señalar cuándo se podría intentar la nueva imputación, aunque confió en la solidez de las pruebas que tiene la Fiscalía.
Medina por su parte señaló que presentó su declaración patrimonial de manera correcta cada año, como establece la ley, al tiempo de expresar su disposición de acudir cada que fuera requerido por la subprocuraduría Anticorrupción. “Estamos dando la cara, estoy aquí tranquilo, seguro de que no hemos cometido ningún acto ilícito”, señaló.
El 26 de enero, Rodrigo Medina fue internado en el Penal del Topo Chico, después que un juez de control lo vinculó a proceso por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal, que habían sido desestimados en septiembre del año pasado.
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