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El gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido un silencio casi absoluto ante estos señalamientos
Ciudad de México.- La periodista Carmen Aristegui increpó hoy al presidente Enrique Peña Nieto acerca de que las tentativas de espionaje gubernamental contra activistas y periodistas realizadas entre 2015 y 2016 alcanzaron a su propio hijo, entonces menor de edad: “¿Para qué quería la información de un adolescente?”, preguntó al mandatario, al añadir “¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
Esta mañana, después de la revelación de 12 nuevos casos de activistas y periodistas que recibieron mensajes de texto infectados con el programa espía Pegasus, organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el gobierno federal destina a estos programas malignos.
En una conferencia de prensa, urgieron que llegue a México un grupo de expertos para dar seguimiento a la investigación, al estilo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI coadyuvó en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y evitó que el gobierno federal cerrara el caso con su llamada “verdad histórica”.
Las víctimas reiteraron el llamado de la sociedad civil a que el gobierno federal haga públicos los contratos que distintas dependencias celebraron con empresas desarrolladoras de programas espías, con el fin de conocer a detalle el sistema de espionaje gubernamental que opera en México.
John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, una institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, Canadá, que rastrea y exhibe los programas espías desde hace años, insistió en que por lo general los gobiernos que emplean estos malwares son “autocráticos” e incluso “casi dictatoriales”.
Tomó el ejemplo de Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos o países del Medio Oriente, pero recordó que México era en 2015 el cliente más importante de la empresa israelí NSO Group, la cual creó el programa Pegasus.
“La ausencia de un sistema de control fuerte y de una adecuada rendición de cuentas abre la puerta a los abusos”, añadió el canadiense.
Silencio
Pese que el New York Times desplegó en primera plana el reportaje sobre los nuevos casos de espionaje y que la prensa mexicana retomó abundantemente la noticia, el silencio del gobierno federal fue casi absoluto.
La única comunicación oficial consistió en una carta que Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de Peña Nieto, envió a los editores del periódico estadunidense.
En esta carta, la Presidencia de la República negó la existencia de “prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”.
Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se encontraba hoy en Cancún, Quintana Roo, donde asistió a actos paralelos a la cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y no emitió pronunciamiento sobre el espionaje.
La responsabilidad de Gómez es doble: la SFP no investigó las evidencias de espionaje gubernamental contra defensores del derecho a la salud que fueron exhibidas en febrero pasado, y además la funcionaria estaba a cargo de la PGR cuando se emitieron los mensajes infecciosos a las víctimas.
Esta dependencia es, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), una de las instituciones que es cliente comprobado de la empresa NSO, y en julio de 2015 Proceso evidenció que Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pretendió centralizar en la PGR el sistema de ciberespionaje de las procuradurías locales.
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