Supo PGR de tráfico de armas, revela EU

- Nov 5, 2011

>• No lo autoricé, dice Medina Mora

• Desde 2007 se acordaron con México operaciones conjuntas, informa ATF 

Washington.- Informes de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la ciudad de México revelan que al menos desde 2007, México y Estados Unidos acordaron operaciones conjuntas de tráfico “controlado” de armas.

 El propósito era, se explica, tratar de identificar y desarticular las redes de contrabando que han dotado de un enorme poder de fuego a los cárteles de la droga.

 De acuerdo con memorándums y correos electrónicos a los que ha tenido acceso EL UNIVERSAL, las operaciones conjuntas se remontan como mínimo al año 2007, cuando el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, había sido notificado de los detalles de estos operativos por el agregado de la ATF en la ciudad de México. 

“El agregado de la ATF en la ciudad de México ha informado al procurador general (Eduardo) Medina Mora sobre este intento de entrega controlada, y enfatizó la importancia de asignar un grupo de agentes certificados”, se señala en un documento preparado para el ex procurador general de EU, Michael Mukasey, en noviembre de 2007. 

El actual embajador de México en el Reino Unido negó haber autorizado la entrada de armas al país, como parte de algún operativo conjunto con EU. 

Aclaró que luego de haber asumido el cargo como procurador, en 2006, se reunió en diversas ocasiones con sus pares estadounidenses, en las que “se discutieron muchísimos temas”, pero nunca se habló expresamente “de la posibilidad o la autorización respecto a alguna operación de entrega controlada de armas”, afirmó a Radiofórmula. No obstante, Medina Mora dijo que un programa de esta naturaleza “nunca se hubiera autorizado, porque estaba totalmente fuera de la lógica de lo que es la búsqueda de información de inteligencia para construir casos judicializables en contra de los involucrados” en el crimen. 

En los últimos ocho meses, desde que se puso al descubierto la operación Rápido y furioso, el gobierno de México ha rechazado que se haya permitido el ingreso ilegal de armas al país.

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