>Tepic.- Cerca de 200 observaciones resarcitorias a la cuenta pública del 2010 de los tres poderes del Gobierno de Nayarit, ascienden a 259 millones de pesos e involucran a cerca de mil 800 funcionarios, quienes están obligados a comprobar o devolver este recurso.
Además, del informe de resultados presentado por el OFS al Congreso se desprenden mil 300 observaciones administrativas, derivadas de errores de forma, mas que de fondo, "lo que habla de un trabajo profesional y detallado de los auditores del Órgano de Fiscalización", se dijo esta mañana en el Poder Legislativo.
Por lo anterior, el diputado Armando García Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, destacó el respaldo del Congreso del Estado al trabajo del OFS. "Después de una auditoría la gente quisiera ver a funcionarios en la cárcel, pero la reglamentación establece procedimientos y normas que se deben cumplir antes de un proceso judicial", detalló.
En comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, el auditor general del OFS, Salvador Iñiguez Castillo, se comprometió a que las observaciones a la cuenta del 2010 estarían resarcidas en el mes de noviembre próximo.
La Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el Informe de Resultados de la Fiscalización de Recursos Públicos al ejercicio fiscal 2010, presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Esta aprobación se da a pesar de los cuestionamientos de diputados del PAN y del PRD que acusan la opacidad en la comprobación de más de mil 170 millones de pesos en el ejercicio del presupuesto del Poder Ejecutivo, según acusaciones del legislador Miguel Angel Arce Montiel, quien incluso señala al auditor general del OFS, Salvador Iñiguez Castillo, de maquillar las cifras y encubrir a funcionarios.
El diputado Armando García, también presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso local, precisó que no existe el desvío que señalan las bancadas de oposición.
Explicó que se trata de una partida identificada por el Organo de Fiscalización en la que están englobados deudores diversos y recursos entregados en créditos a fondo perdido, entre otros conceptos, que se viene arrastrando en la cuenta pública del Gobierno Estatal desde hace más de 10 años y que por diversas causas estas observaciones no han sido totalmente subsanadas.
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