>México, D.F.- Ex presos por el caso Atenco presentaron una demanda civil contra el gobierno del Estado de México y diversas autoridades de seguridad y procuración de justicia, para exigir 30 millones de pesos por concepto de reparación del daño ante los cuatro años que pasaron en prisión antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretara su libertad.
En conferencia de prensa, los agraviados Alejandro Pilón Zacate, Narciso Arellano Hernández e Inés Rodolfo Cuellar Rivera, que pertenecen al grupo de comerciantes Molino de Flores, anunciaron las acciones que emprendieron ante lo que calificaron como una injusticia, desde los abusos cometidos durante su detención hasta un proceso plagado de irregularidades para incriminarlos.
La demanda bajo el expediente 642/2012 quedó radicada en el Juzgado Tercero Civil de Texcoco, y se presentó contra el gobierno del Estado de México, la Procuraduría General de Justicia, la entonces Agencia de Seguridad Estatal, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Tribunal Superior del Estado de México.
Los demandantes Indicaron que "no habrá dinero que nos devuelva los cuatro años y dos meses que estuvimos en la cárcel, hasta que demostramos nuestra inocencia", sin embargo señalaron que con esta demanda civil buscan dejar un antecedente de que los actos de abuso de autoridad pueden ser sancionados y no quedar impunes.
Forman parte del grupo de comerciantes detenidos junto con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, por los enfrentamientos que se registraron el 3 y 4 de mayo de 2006, en un caso que llegó hasta el máximo tribunal del país donde se decretó la inocencia de los detenidos, que al final fueron liberados el 30 de junio de 2010.
Pedro Raúl Suárez Treviño del Colectivo de Abogados Zapatistas recordó que ante la fabricación de delitos como secuestro que al final las autoridades judiciales mexiquenses no pudieron acreditar, de las 176 personas detenidas por el llamado caso Atenco no existe ninguna ya detenida y nadie pudo ser sentenciado, por lo que la demanda busca dejar un precedente de que usar la justicia con fines políticos debe ser sancionado.
Fotografía: Archivo
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