>• Después de que un Tribunal Colegiado concedió amparos, el Tribunal de Justicia Administrativo aceptó las demandas contra el Gobierno del Estado, en las que son terceros interesados los notarios Guillermo Loza, Rigoberto Ochoa y Alonso González
Tepic.- Tres notarios públicos cuya patente les fue entregada por el ex gobernador Ney González Sánchez enfrentan, como terceros interesados, demandas ya admitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), las que inicialmente había declarado improcedentes.
La solicitud es una: que se declare la invalidez de las patentes notariales.
Se trata de Guillermo Loza Ramírez, notario número 10 con oficinas en Nuevo Vallarta, así como Rigoberto Ochoa Torres y Alonso González López, notarios 35 y 36, respectivamente, con oficinas en Tepic. Las tres notarías corresponden a la primera demarcación territorial de la que también forman parte los municipios de Xalisco, Del Nayar, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Compostela.
Los expedientes 522/2011 y 523/2011 fueron finalmente admitidos después de que el demandante y también notario público Jorge Rogelio Careaga Pérez ganó dos juicios de amparo ante un Tribunal Colegiado, formulados contra el TJA.
De acuerdo con el magistrado presidente del tribunal administrativo Martín Mayorga Martínez, en los amparos se resolvió que Careaga Pérez sí demostró interés legítimo para presentar las demandas, y además se les pidió no prejuzgar antes de tiempo, sino conocer a fondo el asunto y dictar la sentencia que corresponda.
TRAS LAS HUELLAS DE LOZA
Mayorga explicó que los tres notarios públicos podrán comparecer a juicio como terceros interesados, aunque no están obligados a hacerlo, caso contrario las autoridades señaladas como responsables: el gobernador del estado Roberto Sandoval Castañeda, el secretario General de Gobierno, la dirección del Notariado, el Colegio de Notarios y el respectivo jurado involucrado en la evaluación. Y es que si las autoridades no comparecieran se les tomaría en rebeldía, lo que equivaldría a aceptar el dicho de Careaga.
Además de insistir en un cúmulo de vicios de origen relacionadas con fechas de convocatorias y publicaciones relacionadas con el tema, la demanda de Careaga Pérez ha motivado una solicitud del TJA al vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral para que informe “los domicilios que aparecen registrados ante el Registro Federal de Electores de dicho instituto hasta el día veintinueve de agosto de dos mil once, a nombre de Guillermo Loza Ramírez”.
También solicita se informe si Loza Ramírez estuvo inscrito como representante de algún partido político y si goza o gozó de algún cargo político.
Con esas pruebas, Careaga pretendería acreditar que el ahora notario no es nayarita y posiblemente tampoco residía en el estado hasta hace poco tiempo, sino que se trató de una imposición de Ney González antes de dejar el cargo de gobernador.
El caso de Loza Ramírez ha sido comparado con el del notario público 31 José Luis Reyes Vázquez, con oficinas también en Nuevo Vallarta, cuyo fiat notarial le fue entregado por el ex gobernador Antonio Echevarría Domínguez. Tampoco nayarita, Reyes era un asesor y amigo del entonces presidente Vicente Fox.
NOTARIOS DE MÁS
Por lo que respecta a las notarías 35 y 36, el magistrado administrativo Martín Mayorga explicó que una de las pruebas de la demanda hace referencia a que no había razón para abrirlas atendiendo al número de habitantes en el estado.
Si la Ley del Notariado marca que debe haber un notario por cada 20 mil habitantes, Careaga Pérez ha solicitado al Tribunal de Justicia Administrativa que se remita al censo del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para confirmar, por el número de habitantes, que no se justifica la apertura de dos nuevas notarías en la primera demarcación territorial.
Careaga Pérez solicitó en ambos expedientes que se concediera la suspensión para el efecto de que los tres notarios públicos impugnados no iniciaran funciones como tales, sin embargo, puesto que las demandas apenas fueron aceptadas, le fue negada la suspensión por tratarse de hechos consumados, ya que tanto Loza Ramírez, Ochoa Torres y González López ya laboran con el respectivo fiat.
Sin precedente cercano de una impugnación de este tipo en el estado, lo que resulte de los expedientes, se prevé, tarde o temprano volverá a estar bajo el escrutinio de un Tribunal Colegiado.
Y es que, como lo explica el magistrado Mayorga Martínez, cualquiera que sea la sentencia en un futuro, la parte contraria tendrá el derecho de interponer el respectivo amparo.
Por lo pronto, explicó, se está en la etapa de notificación a los involucrados, los que deberán dar contestación a las demandas en un plazo de 10 días hábiles.
Esta información es publicada con autorización de su autor.
Óscar Verdín Camacho publica sus notas en: http://relatosnayarit1.blogdiario.com
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