>• Es la segunda ocasión que se inicia una denuncia de este tipo contra Ney González • También demandado en juicio político, su antecesor Antonio Echevarría fue defendido…por diputados del PRI
Tepic.- La demanda de juicio político interpuesta el lunes 25 contra Ney González Sánchez, por parte del diputado panista Leopoldo Domínguez González, no es la primera de ese tipo contra el ex gobernador del estado.
A principios del 2005, cuando Ney buscaba la candidatura del PRI al Gobierno del Estado, siete regidores del Ayuntamiento de Tepic y el síndico municipal presentaron juicio político en su contra tomando como base la indebida retención de casi 11 millones de pesos correspondientes al impuesto adicional de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) cuando fue presidente municipal de Tepic, cuyo destino fue incierto a pesar de que se argumentó que se canalizaron al Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Además de Ney, la denuncia incluyó a su suplente Cora Cecilia Pinedo Alonso y al tesorero municipal Pablo Montoya de la Rosa.
Entonces regidor por el PAN, Ricardo Pérez Mora explica por teléfono que la demanda quedó en nada y ni siquiera fue turnada a alguna de las comisiones legislativas. Por el contrario, cuenta que tan pronto como Ney fue designado candidato por el PRI, algunos de los firmantes –como los priístas Fortunato Guerrero, Humberto Figueroa y María Belem Ibarra- se replegaron a favor de él. Incluso, Fortunato llegó a ser diputado.
Pérez Mora añade que no interpusieron recurso alguno contra el Congreso del Estado.
EL CASO ECHEVARRÍA
El ejemplo anterior confirma que, al menos en Nayarit, el avance de un juicio de esa naturaleza depende más de los arreglos políticos que las faltas cometidas en el ejercicio público.
El también ex gobernador Antonio Echevarría Domínguez fue objeto de un juicio político formulado por los abogados Jorge Rogelio Careaga Pérez y Benjamín Sandoval Cedano, puesto que el Presupuesto de Egresos del año 2003 fue publicado fuera de tiempo, lo que violó la Constitución local, según argumentaron.
A diferencia de los arreglos que suelen ocurrir entre políticos, los demandantes obtuvieron un amparo que obligó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a resolver el citado juicio.
Contra lo que pudiera pensarse, los entonces diputados del PRI Jocelyn Patricia Fernández Molina (actual legisladora local), José Lucas Vallarta Chan y Juan Ignacio Ornelas Salas –que hacían mayoría en la comisión-, así como la panista Angélica Cristina del Real Chávez, votaron para que se declarara improcedente el citado juicio político, mientras que el perredista Arturo Marmolejo Rivera votó a favor de proceder contra el ex gobernador.
“¡Perro no come carne de perro!, es la misma camarilla que ha gobernador a Nayarit en los últimos 30 años”, reclamó entonces Benjamín Sandoval, quien consideró que atrás de la postura de los diputados del PRI estaba la mano del gobernador Ney González, que no quería, en el inicio de su administración, que se procediera contra su antecesor.
Por cierto, Careaga y Sandoval son los aguerridos abogados que actualmente combaten en los tribunales el nombramiento de tres notarios públicos, impulsados precisamente por Ney.
DOMINA PRI COMISIÓN DE JUSTICIA
La demanda de juicio político interpuesta por Polo Domínguez –primo hermano de Antonio Echevarría y secretario de Salud en la primera parte de su administración- se basa en el presunto mal uso de recursos públicos por parte de Ney González.
De acuerdo con el encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado, Francisco Javier Rivera Casillas, la demanda será remitida a la Comisión Permanente, que a su vez la turnará a la comisión respectiva, en este caso la de Justicia y Derechos Humanos.
Esta comisión la preside José Antonio Serrano Guzmán, diputado independiente, aunque hay cuatro del PRI: Jocelyn Patricia Fernández, Pedro Tello García, Fernando Ornelas Salas y Armando García Jiménez.
El PRD es representado en la Comisión de Justicia por Miguel Ángel Arce Montiel, en tanto que el PAN por Rafael Valenzuela Armas.
Es decir, la mayoría que tiene el PRI en esa comisión haría prácticamente imposible que avance la solicitud de juicio político contra Ney González. Sin embargo, como quedó anotado con el caso Echevarría, sí hay maneras por la vía legal para conseguir que haya un pronunciamiento oficial y conocer el voto de los diputados.
Y ahora si, que a cada quien lo juzgue la historia.
Puesto que Ney González no es funcionario público, en todo caso correspondería, si procediera el juicio, la inhabilitación para ocupar cargos en el futuro.
(Esta información es publicada con autorización de su autor.
Óscar Verdín Camacho publica sus notas en http://relatosnayarit1.blogdiario.com)
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