>Tepic.- Injustamente un vecino del fraccionamiento Jacarandas de nombre Roberto Rubio Franco fue detenido y acusado de dos delitos por parte del agente del Ministerio Público y de agentes de la Estatal Investigadora, de los cuales fue absuelto por los jueces.
Aún así le arrebataron cinco meses de su vida en la cárcel pues no pudo cubrir la fianza que le impusieron mientras transcurría el juicio, que era de ciento setenta mil pesos.
Roberto perdió su trabajo y casi también a su familia.
El 20 de abril del presente año, Roberto Rubio se encontraba trabajando en una empresa de diseño ubicada en la esquina de Herrera y Oaxaca.
A eso del mediodía arribaron en dos unidades sin logotipos cinco polícias; dos de ellos entraron al negocio, preguntaron por Roberto, este salió de donde se encontraba, le pidieron salir a la calle y sin oposición alguna se subió a una de estas unidades que el mismo abrió la puerta y enfilaron a la Fiscalía.
Le informaban que iba a declarar en torno a unos daños.
Sin embargo, a la llegada a esas instalaciones, lo acusaron de “resistencia y desobediencia de particulares” en donde dos elementos policiacos señalaban que estos realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de dos patrullas de la Estatal Investigadora y que Roberto al verlos comenzó a correr y metros adelante comenzó agredirlos verbalmente.
Lo que no contaban estos policías que lo que realmente pasó había sido grabado en una cámara de seguridad del negocio donde laboraba.
Fue consignado al Juez Tercero de lo penal bajo el expediente 261/2013.
Pero mientras solicitaba su libertad, entregando al Juez la videograbación de su detención, la agente del Ministerio Público, Ivette Adriana Aguilera Romero, fraguaba imputarle otro delito que era el de daño en propiedad ajena.
Este suceso registrado el pasado 16 de abril, se trató del incendio de un negocio de tacos ubicado en el fraccionamiento Jacarandas, cuya propietaria es Yolanda Martínez López, quien fuera secretaría particular del entonces Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, Sigfrido de la Torre Miramontes en el sexenio del ex gobernador Rigoberto Ochoa.
También en ese negocio dañado, estaba asociado un ex perito de la Procuraduría General de Justicia, Conrado Acuña, cuyo hermano es agente de la Estatal Investigadora.
Todos estos tienen relación con los agraviados debido a que cuentan con lazos familiares.
El caso es que culparon a Roberto porque este también cuenta con un negocio de tacos pero a una cuadra y al parecer de ahí nacieron las enemistades.
Sin haber obtenido aún su libertad por el primer delito, la Fiscalía pide orden de aprehensión contra este por daño en propiedad ajena intencional recayendo en el Juzgado Segundo de lo penal bajo expediente número 262/13.
La prueba fue otra videograbación que se hizo desde unos quince metros del lugar de los hechos, entregado por un vecino “acomedido”.
El Jefe de Informática de la Fiscalía, Uncas Alberto López, emitió su dictamen afirmando que no era posible determinar la identificación de la persona que cometió el incendio, esto debido a que la grabación fue hecha en la oscuridad.
De igual manera la fe ministerial del video señalaba que solo se pudo observar a una persona cometer el delito, pero sin que se apreciaran características.
Pero le dieron más valor a lo dicho por Yolanda Martínez López, Raúl Ernesto Amézquita Delgado, Michelle Stephanie Meza Tirado y Ricardo Amézquita Ruiz, cuyo testimonio provocó que Roberto Rubio perdiera cinco meses de su vida por delitos que jamás cometió, así como la pérdida de su trabajo.
El día 10 de Septiembre, ambos Juzgados determinaron que no había elementos para sentenciarlo, dejándolo en inmediata y absoluta libertad.
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