>• La aprobación del Acuerdo 16/2013 no fue discutido ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Ciudad de México.- Las protestas sociales en la Ciudad de México podrán ser disueltas con armas de fuego mediante la autorización de la policía capitalina, "disuadir" a los manifestantes a través de sustancias químicas irritantes e ingreso con violencia entre los manifestantes con el fin de "separar" a personas "en estado de agresividad", según apunta el semanario Proceso.
Lo anterior, con la autorización brindada por el Acuerdo 16/2013, a través del cual se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (SSPDF). Esto sin haber sido discutido ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Éste fue expedido y publicado el pasado 25 de marzo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
El documento legislativo se encuentra rubricado por el titular de la secretaría capitalina, Jesús Rodríguez Almeída, y se realizó en respuesta a los hechos desenvueltos el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde fueron detenidos, golpeados y detenidos arbitrariamente cientos de manifestantes.
Así lo señala el reportero Arturo Rodríguez García: "Considerada hasta hace poco un ejemplo nacional de las libertades y la tolerancia, a partir de la llegada de Miguel Ángel Mancera al gobierno y en especial tras la expedición del PCM, la Ciudad de México acumula denuncias de actores sociales por espionaje político, arrestos arbitrarios y selectivos, acoso a manifestaciones pacíficas que derivan en enfrentamiento con brutalidad policiaca, así como agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas que intentan documentar la vulneración de garantías".
Por su parte, el jueves 10, cientos de organizaciones sociales, intelectuales, académicos y actores sociales, como el obispo de Saltillo, Raúl Vera López y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), establecieron su postura en favor del derecho de manifestación, por lo cual expresaron que existe una "represión de Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades".
Por ello, exigieron una investigación y sanciones a los mandos que han sido responsables de medidas represoras; y adopción de protocolos acordes con los principios del derecho fundamental.
El pasado 2 de octubre, en la conmemoración de la matanza de estudiantes en 1968, se desató una reprimenda contra cintos de activistas. Hubo agentes encubiertos vestidos de civiles que aprehendieron arbitrariamente manifestantes, y también se hirió a 22 periodistas de diversos medios de comunicación.
* Con Información de VarioPinto
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