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Aprueba Senado norma de transparencia; va a San Lázaro. Avala 261 nuevas obligaciones para los tres poderes y partidos
MÉXICO, D.F.- El Senado aprobó por 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones el dictamen de la Ley Federal de Transparencia que considera 261 nuevas obligaciones para los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos y sindicatos. Además se incluye un capítulo de Gobierno y Justicia Abierta.
Tras cinco horas de discusión, la Cámara Alta envió la minuta aprobada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual votación.
A pesar de que los poderes Ejecutivo y Judicial cuentan con nuevas responsabilidades en rendición de cuentas, el Legislativo mantiene las mismas 15 que establece la Ley General de Transparencia, publicada en abril pasado.
En el caso de los recursos que ejercen las bancadas, las cámaras están obligadas a presentar sólo un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos de los órganos de gobierno, comisiones, comités, y centros de estudio u órganos de investigación.
Congreso opaco
Este tema generó mayor polémica entre los senadores de oposición como Alejandro Encinas y Javier Corral (PAN), quienes reclamaron que el Congreso está en falta desde el 1 de septiembre pasado, fecha en que venció el plazo para que las bancadas transparenten el uso y destino de los recursos económicos que reciben.
Corral criticó que en el primer documento de trabajo presentado por las comisiones las obligaciones hacia los grupos parlamentarios eran mucho más específicas que el dictamen.
Encinas coincidió en que el Congreso quedó en falta, al no establecer los lineamientos para transparentar el uso de los recursos en ambas cámaras, por lo que dijo que uno de los retos será vencer las resistencias de los grupos parlamentarios a rendir cuentas sobre los recursos públicos que usan, y precisó que ya no existe un régimen de excepción para los legisladores, por lo que deben cumplir con esa obligación.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero (PVEM), explicó que los grupos parlamentarios son sujetos obligados y que lo que se buscó en la iniciativa fue no caer en una sobrerregulación.
“Para que no haya confusión, estamos obligados a rendir cuentas y está en el dictamen”, dijo Escudero.
Laura Rojas (PAN), integrante del grupo redactor de la iniciativa, agregó que los legisladores son sujetos obligado a publicar un informe exhaustivo sobre sus recursos.
En el dictamen se establece que la Secretaría de Hacienda deberá publicar los créditos fiscales condonados o cancelados por el SAT, desglosados por nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes, así como los montos vinculados con datos de los mismos.
Relegan al Inai. No se podrá considerar como información “reservada” aquella que trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción.
Pero se descartó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tuviera “primera vista” y pudiera resolver casos de apertura de información en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, antes de que la CNDH se hubiera pronunciado.
Se establece que el Inai tendrá la posibilidad de imponer medidas de apremio, amonestaciones públicas o sanciones económicas de 150 a mil veces el salario mínimo a servidores que incumplan con esta ley.
La senadora por Chihuahua, Lilia Merodio (PRI), destacó que los sindicatos y fideicomisos deberán transparentar y rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.
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