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"Doña Lety" fue policía federal y ha logrado reunir a su favor a ex integrantes de Los Pelones, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ciudad de México.- En Quintana Roo, dos cárteles —Los Zetas y uno independiente— se disputan la venta de drogas y el cobro de derecho de piso, consideradas ambas actividades como las principales causas de la violencia desatada en los últimos días en Cancún y Playa del Carmen, según un informe de seguridad de autoridades federales al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El reporte revela que en el estado operan los grupos delictivos Los Pelones, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
Ex intgrantes de los tres primeros se encuentran agrupados en el Cártel de Cancún o independiente, que es liderado por "Doña Lety" o "La 40", a quien identifican como una ex policía federal, y quien tiene el respaldo del Cártel de Sinaloa, cuya presencia se ha fortalecido en los últimos cinco años.
Leticia Rodríguez Lara había sido detenida en abril del 2012 en Alfredo V. Bonfil, una localidad ubicada al sur de Cancún, en compañía de Francisco Armenta Cruz y de Felipe Martínez Fernández en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército; sin embargo, por ser un delito menor fue puesta en libertad después de pagar una fianza.
Con el cambio de gobierno estatal en octubre de 2016, señala el informe, “Los Zetas" buscan desplazar al cártel independiente y controlar la plaza”.
La influencia de Rodríguez Lara ha causado levantones, ejecuciones, cobro de derecho de piso, atentados contra discotecas, bares, centros nocturnos y casas de citas, en Puerto Morelos, la zona hotelera de Cancún (Benito Juárez), Alfredo V. Bonfil (zona donde tiene su centro de operación), Tulum, Xel-Ha, Isla Mujeres, Cozumel, entre otras zonas.
El pasado viernes, el comandante de la X Región Militar de la Península de Yucatán, Gustavo Nieto, confirmó la presencia en la entidad del cártel independiente.
Para Juan Carlos Arriaga, investigador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, las autoridades han sido permisivas ante un negocio que deja mil 500 millones de dólares al crimen organizado.
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