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La fiscalía electoral investiga en Nayarit irregularidades en el Registro Federal de Electores y 16 casos de usuarpación de identidad
Ciudad de México.- El fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, advirtió que se investigan denuncias hechas por PAN, PRD y Morena sobre posibles delitos electorales en Coahuila, Nayarit y Estado de México, donde se renovarán gobernadores el próximo 4 de junio.
“En Coahuila tenemos problemas de condicionamiento de programas sociales y de presión a los órganos electorales. En Nayarit también se presenta esta última práctica. Mientras que en el Estado de México contamos con denuncias por compra de voto, condicionamiento de programas sociales, turismo electoral, además de los temas de fiscalización de los partidos y coacción de los subordinados”, afirmó.
A cuatro meses de los comicios, la Fepade persigue diversas quejas, como la interpuesta por Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) contra el titular de la secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, porque presuntamente exigió a sus colaboradores apoyar al aspirante del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme.
En el caso de Nayarit, se indagan además diversas denuncias por domicilios irregulares, es decir, personas que dan datos falsos al Registro Federal Electoral sobre su vivienda. Asimismo, se cuenta con 16 casos de usurpación de identidad
Mientras que en el Estado de México destacan los señalamientos hechos por la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, contra el gobierno de Eruviel Ávila, por “desvío de recursos y uso ilegal de programas sociales para coacción del sufragio”.
Nieto afirmó que es necesario endurecer la ley electoral, pues de cara al proceso electoral de 2018, se debe impedir “la venta de candidaturas a famosos, tuits de celebridades, turismo electoral supranacional, financiamiento ilícito, condicionamiento de programas sociales a cambio del voto o compra de voto”.
Recordó que a principios de año, junto con las secretarías de Desarrollo Social, de la Función Pública y la PGR firmaron seis líneas de acción y coordinación en materia de blindaje electoral, para los programas sociales federales en Coahuila, Nayarit y Estado de México.
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