>México.- El Senado de la República pidió al gobierno federal no firmar el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones, (ACTA, por sus siglas en inglés) debido a que podría atentar contra la libertad de expresión y el uso del internet entre los mexicanos.
En tribuna, senadores como el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, coincidieron en que con el pretexto de combatir la piratería, se violarían garantías individuales y se limitaría el acceso a internet, lo que ahondaría la brecha digital.
En su primera sesión formal de trabajo, el pleno de la Cámara alta votó hoy el informe de la Junta de Coordinación Política con las conclusiones del grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del acuerdo.
En las conclusiones los senadores señalaron que el Ejecutivo federal no debe signar el documento con otros países.
El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Carlos Sotelo, denunció en tribuna que la Cámara de Senadores no fue notificada formalmente respecto al inicio de las negociaciones del gobierno federal con otros países.
«Tampoco fue informada puntualmente respecto al avance y el estado de las negociaciones, menos aún en relación a los alcances y compromisos que implica la negociación y las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado».
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Beatriz Zavala coincidió en que se trata de una «incompatibilidad legal» en la que se incurriría con la firma del ACTA sobre todo con las garantías individuales que están consagradas en la Constitución.
«Para mí, es de gran preocupación la ambigüedad en la redacción del acuerdo, en particular es riesgoso el apartado del artículo 27.4, que versa de la siguiente manera: La facultad de ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita a un titular de derechos, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para llevar a cabo una infracción.
«Es decir, bajo un evento de presunción de que se cometa una infracción, sólo presunción, se le puede ordenar al proveedor de servicios, que es un particular, que entregue a otro particular, que sería la sociedad autoral, en este caso, información de un usuario, de un suscriptor».
Zavala aceptó que queda claro que el ACTA atenta contra las garantías individuales no solamente de la privacidad, sino con nuestras leyes que consagran la inocencia antes de que se compruebe la culpabilidad, «es muy riesgoso, y me parece que esto es fundamental y así fue atendido por el Grupo Plural de Trabajo para dar una opinión contraria a la suscripción de este acuerdo internacional».
La senadora dijo que gran parte de los expertos consultados mostraron su extrañamiento, «que sin duda compartimos por las implicaciones y el riesgo para la sociedad civil, porque la transferencia de información no sólo se prevé hacia la autoridad judicial competente, sino que se considera pertinente, como he dicho, que el proveedor de servicios lo entregue a un particular y ponga en riesgo la privacidad, las garantías individuales, la protección de los ciudadanos». Zavala puntualizó: «coincidimos en que es prioritario velar por el respeto y el cuidado de los datos personales de los ciudadanos.
También encontramos deficiencias en el manejo, como he dicho, de la presunción de culpabilidad».
«En síntesis, puedo decir que estamos en contra de la ratificación de ACTA, o que la suscriba nuestro país, que suscribiera este acuerdo, porque implicaría lo siguiente: claro conflicto con la legislación interna relativa a la propiedad intelectual, ya que dista mucho de ser realmente eficaz; segundo, significaría una limitación importante para el flujo de información entre la sociedad, sobre todo entre los sectores con mayor fragilidad económica, que pueden encontrar cada día más con el uso de esta información y de esta tecnología, más equidad en cuanto a los conocimientos y la cultura que se divulgue en nuestra sociedad; tercero, vulneraría el derecho de la juventud y de la ciudadanía en general, que tienen en internet una fuente de información valiosísima para su formación social y académica en un país sobre todo que necesita reforzar la educación para lograr un mejor desarrollo».
El presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Javier Castellón Fonseca (PRD), criticó la «deficiente» negociación de un tratado económico por parte del gobierno federal, pero además el grado de intimidar «de quienes somos usuarios en un entorno digital que cada vez más implica el ejercicio de las libertades individuales».
Recordó que para la aprobación del acuerdo, se abrió la convocatoria a los sectores interesados en el tema, y se escucharon todas las voces. Eso permitió, dijo, que el grupo de trabajo tuviera los criterios, el criterio suficiente para poder plantear las conclusiones que aquí ya se leyeron.
«En la discusión de ACTA yo no voy a expresar lo que ya mis compañeros han hecho y han hecho muy bien, los puntos centrales de dicha discusión, sino que quisiera señalar los precedentes que han marcado la discusión y el acuerdo del grupo de trabajo».
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